De las 78 personas que el pasado año solicitaron en Euskadi ser reconocidas como refugiados, sólo a cuatro se les reconoció el estatuto de asilo. La política del Estado español hacia los refugiados debe cambiar radicalmente.

nO es fácil olvidar que miles y miles de vascos se vieron obligados a abandonar nuestra tierra al triunfar el golpe militar de Franco. Fueron momentos duros en los que muchas familias vivieron situaciones dramáticas. Un número significativo de ellos encontró en sus países de acogida la comprensión y las facilidades legales suficientes para poder rehacer su vida y llevarla adelante con dignidad. Eso es parte ya de nuestra historia y como tal debemos cuidarla y aprender de ella. Porque ahora tenemos entre nosotros personas venidas de fuera que también han huido de su lugar de origen, países en los que se reprime y castiga a las personas por su raza, su nacionalidad, sus ideas y opiniones políticas o sus creencias religiosas. Son momentos difíciles en Europa para la generosidad y la solidaridad. El sentimiento crítico hacia los inmigrantes que acuden al continente en busca de medios para sobrevivir está generando ciertos comportamientos racistas u homofóbicos en algunas capas de la sociedad. Pero ni los ciudadanos vascos ni los Estados pueden caer en tales actitudes. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) dio a conocer ayer su informe anual sobre la situación de los refugiados en el Estado español. Según sus datos, de las 4.515 peticiones de asilo sobre las que el Ministerio del Interior decidió, únicamente se reconoció la protección del estatuto de refugiado a 168 personas, lo que hace un ridículo 3,72%. A otras 188 les concedió el estatuto por razones humanitarias. Dicho de otra manera, 4.159 personas que acudieron al Estado español en busca de refugio se han quedado sin ningún tipo de protección. Y eso sólo en el año 2006. De ellos, casi la mitad provenía de Colombia, mientras que el 40% llegaba desde países africanos. En Euskadi se tramitaron 78 solicitudes de asilo, de las que sólo cuatro recibieron el reconocimiento del Ministerio. Los datos hablan por sí mismos. La inmensa mayoría de las personas que han confiado en el Estado español como lugar para refugiarse de las atrocidades vividas en sus países es abandonada a su suerte. Las personas quedan así en una extrema situación de vulnerabilidad, pues la denegación del estatuto lleva aparejada la notificación de una orden de salida obligatoria. Y esta política no es privativa del Gobierno español. En los últimos cinco años, el número de solicitudes de asilo presentadas en los países de la Unión Europea se ha reducido a la mitad como consecuencia de las políticas de cierre de fronteras, obteniendo la cota más baja de las dos últimas décadas. El de asilo es un derecho humano, y como tal debe ser respetado e impulsado por todos los países. No es sólo un punto establecido en la Declaración de Ginebra de 1951. Es una obligación colectiva basada en el principio de solidaridad, algo en lo que nuestra sociedad siempre se ha destacado y debe seguir haciéndolo.