Si saltar la valla y colarte en el Primer Mundo es un sueño, lograr que las autoridades españolas concedan el estatuto de refugiado es casi imposible, según se deduce del último informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que destaca, en un capítulo específico, el «acusado descenso» de las solicitudes de asilo admitidas a trámite en la ciudad autónoma. Si en 2005 fueron 1.189 los extranjeros que pidieron ser considerados refugiados en Ceuta, el pasado año, 2006, la cifra se redujo a 456 (el 8,6 por ciento del total de las recibidas en España), lo que supone un descenso del 38,3 por ciento, favorecido, sin duda alguna, por la reducción de las entradas clandestinas de inmigrantes.

A nivel nacional se recibieron 5.841 solicitudes, de las que 3.404 fueron admitidas y 2.437 fueron rechazadas. Las dos nacionalidades de origen que más negativas recibieron fueron los colombianos (2.324) y los nigerianos (644).

Si, a pesar de todas las dificultades (vallas, sirgas tridimensionales y vigilancia policial), una persona logra cruzar las fronteras de Ceuta y Melilla con la intención de solicitar el estatuto de refugiado, se enfrentará a una situación bastante peculiar: la «absoluta ausencia de información sobre el procedimiento de asilo, tanto en lo relativo al acceso al mismo, como al propio conocimiento de su inicio y sus repercusiones», denuncian desde CEAR.

La ONG denuncia además «deficiencias en la asistencia letrada» y «ausencia de intérpretes», ya que, «como no los hay de determinadas lenguas», señala el informe de CEAR, suelen intervenir dos, el oficial y uno de enlace, que suele ser compatriota del solicitante. «Esto sucedió con los ciudadanos bangladeshíes que solicitaron asilo en Ceuta en 2006 (125 del total de 456), pero esta solución a veces plantea problemas importantes», señala el informe anual de CEAR.

Rechazos infundados

CEAR también continúa señala el uso abusivo que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) hace de la inadmisión masiva de solicitudes presentadas en Ceuta y Melilla, ya que las considera «manifiestamente infundadas» por ser alegaciones «genéricas, imprecisas, contradictorias o inverosímiles».

Una circunstancia ya denunciada en los cuatro informes anuales anteriores, en los que se señalan las dificultades de acceso al procedimiento de asilo en Ceuta, Melilla y Canarias.