F. Velasco / E. Fuentes
madrid- El Gobierno puede pecar por exceso en su afán por luchar contra las redes de la inmigración ilegal. Así lo considera al menos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que previsiblemente aprobará hoy un informe sobre el anteproyecto del ley para perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas. En él, el Consejo advierte al Ejecutivo de que la propuesta podría extender «la competencia de nuestros tribunales penales a enjuiciar conductas ajenas a los intereses españoles en materia de inmigración ilegal». Las mismas dudas expresa el Consejo Fiscal, que se decanta por permitir la persecución sólo cuando esta actividad clandestina tenga como destino España.
El anteproyecto del Gobierno propone modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para hacer más eficaz la persecución del tráfico de seres humanos. El Ejecutivo explica que, con los criterios actuales, en el supuesto de que una embarcación sea rescatada fuera del mar territorial por un buque español con inmigrantes ilegales a bordo, «no será posible considerar que los tribunales españoles tengan jurisdicción para la instrucción y enjuiciamiento de los hechos», salvo en los casos de explotación sexual.
En este escenario, el Gobierno propone declarar competente a la jurisdicción española para perseguir a los españoles que «fuera del territorio nacional» incurran en el «tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas», delito que se uniría así a otros ya perseguibles como el genocidio o el terrorismo.
Vistas las razones del Ejecutivo, la valoración inicial del CGPJ es positiva, aunque sus miembros señalan que se podría haber puesto como condición para permitir la jurisdicción internacional de los tribunales españoles «que el tráfico ilícito de personas tenga como destino inmediato el territorio español o en tránsito a terceros países». En la misma línea, el Consejo Fiscal cree «discutible» que la inmigración ilegal «justifique una solución tan radical» como la persecución universal. Así, entiende que «el punto de conexión razonable» para evitar una excesiva extensión jurisdiccional es permitir la actuación de los tribunales «siempre que existan indicios racionales de que el tráfico ilegal tiene como destino España».