GEMMA PINYOL

GEMMA PINYOL, coordinadora del Programa Migraciones, Fundación Cidob
Afinales del 2004, el Gobierno español recibió duras críticas de sus socios europeos al anunciar que abriría un proceso de regularización para trabajadores extranjeros. La mayoría de los países de la Unión Europea calificó este proceso de “efecto llamada” para la inmigración irregular y temía que adquiriría unas dimensiones europeas debido al convenio Schengen, que establece la supresión de controles en las fronteras interiores Unión Europea.

La decisión española sentó especialmente mal por cuanto se tomó de manera unilateral, a pesar de que la consulta con los socios europeos no era necesaria. Alemania, Francia y Holanda fueron, tal vez, los socios más críticos, aunque no los únicos, con la decisión española. Durante el consejo informal de Tampere en el mes de septiembre del 2006, Wolfang Schäuble, ministro de Interior alemán, reprochó a España que solicitara ayuda económica a sus socios para controlar las fronteras exteriores pero no pidiera su opinión antes de emprender una regularización, mientras que la entonces ministra de Inmigración holandesa, Rita Verdodonk, criticó la falta de coordinación del Gobierno español con sus homólogos europeos.

Cerca de dos años después, Alemania y Holanda han anunciado el inicio de sus propios procesos de regularización de población extranjera en situación irregular. Ambos países han querido dejar bien claro que no se trata de procesos de regularización generales, sino de dar respuestas a situaciones específicas. Lo mismo, por otro lado, que dijo en su día el Gobierno español al hablar de la normalización de trabajadores extranjeros para referirse a la regularización de aquellos extranjeros que ya estaban trabajando de forma irregular en España.

Para el Gobierno alemán, el proceso de regularización es la respuesta para las aproximadamente 200.000 personas toleradas (Geduldete) que viven en el país en situación irregular. Se trata principalmente de personas a las que se denegaron las solicitudes de asilo en la década de los noventa y que en su mayoría tienen lazos familiares, sociales o laborales en Alemania.

En el caso de Holanda, la reforma en materia de inmigración es una iniciativa del nuevo Gobierno. En un giro de 180 grados, Nebahat Albayrak, la secretaria de Estado de Justicia y actual responsable de la política de inmigración neerlandesa, ha empezado a negociar una reforma que está previsto que afecte a los solicitantes de asilo que hubieran presentado su solicitud con anterioridad a abril del año 2001 y que residen en el país bajo régimen de acogida.

Estos dos nuevos procesos de regularización reabren, aunque sin la misma intensidad que en el año 2005, el debate sobre la gestión de la inmigración irregular en Europa. Cada país reconoce su derecho a gestionar un fenómeno que, por distintas razones existe en su territorio, pero parece que le cuesta admitir que este mismo derecho lo disfruta el resto de los socios europeos. Estamos, de nuevo, ante un tema en el que los estados son reacios a ceder soberanía y competencias.

Tal vez estas reticencias deberían permitir cambiar el eje del debate, y dejar de negar la posibilidad de estos instrumentos de regularización – que se han convertido en excepciones habituales desde el año 1973- para pasar a plantear la conveniencia de establecer un marco de mínimos para regular dichos procesos. Lo que debería ser objeto de debate es la oportunidad, las características y las razones que justifican la aplicación de dichos procesos de regularización en cada país de la Unión Europea. Hacerlo implicaría mayor diálogo entre los socios europeos en materia de inmigración, y supondría incidir con más fuerza en la gestión de los flujos regulares en Europa.