La presidenta del Observatorio sobre Violencia de Género del Poder Judicial, Montserrat Comas, expresó ayer su preocupación por el incremento de la violencia de género entre la población inmigrante, pues la tasa de maltratadores extranjeros por millón de habitantes quintuplica la de los españoles. La magistrada sugirió que los trabajadores no nacionales deberían recibir «una formación específica» sobre el maltrato sexista como requisito para poder integrarse en la sociedad española.

Comas realizó estas manifestaciones después de condenar los dos crímenes de violencia de género registrados este fin de semana, en los que fueron asesinadas una mujer ecuatoriana y otra portuguesa, respectivamente. Sobre los dos agresores había recaído una orden de alejamiento que sus víctimas quebrantaron de forma voluntaria para volver a convivir con ellos.

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las mujeres extranjeras representan el 44% de las 36 muertes registradas este año, mientras que en 2006 representaron el 25%. Montserrat Comas admitió que el aumento de la población inmigrante puede explicar una parte de ese espectacular aumento, pero advirtió de que la proporción de casos de violencia sexista entre los no españoles, en comparación con el tamaño de ese colectivo, es mucho más elevada que entre los españoles. Por ejemplo, el índice de agresores extranjeros se eleva a 5,70 por cada millón de habitantes, mientras que el de los nacionales llega a 1,02.

Con estos datos sobre la mesa, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género propuso que a los inmigrantes se les exija un compromiso explícito con los valores de la sociedad española. «Habría que garantizar una formación específica», aseguró la magistrada.

«El riesgo real»

Comas insistió en que los jueces tienen un verdadero dilema con las mujeres maltratadas que se empeñan en convivir con su agresor, aunque tenga una orden de alejamiento (ya son tres las fallecidas este año en tales circunstancias). Les recordó que, si no cooperan, ningún juez o policía las podrá proteger.

«No son conscientes del riesgo que corren – subrayó – . Sería importante asegurarles una recuperación médica y psicológica integral para que recuperen su autoestima. Y habría que transmitirles instrumentos para que puedan evaluar el riesgo de romper una orden de alejamiento sin comunicarlo a la Policía o a la Justicia».

Por otro lado, Comas se refirió a la intención del Gobierno de plantear a los medios de comunicación la posibilidad de moderar el tratamiento de la violencia de género ante el temor de que los crímenes divulgados a la opinión pública puedan ser imitados por otros maltratadores; una reacción que puede disuadir a las víctimas de presentar una denuncia.

«No creo que sea la información la causa que explique por qué hay más asesinatos – apuntó la magistrada – . Pero sí creo que los medios de comunicación que informan con rigor deberían hacer un esfuerzo por incorporar, no tanto la opinión de vecinos y familiares, sino valoraciones de expertos forenses, juristas o psicólogos, que pueden esbozar un perfil más concreto del agresor».