Los ancianos están cada día más en manos de inmigrantes. Esta afirmación es, según el profesor Albert Gallart, una realidad. La gran mayoría de las cuidadoras en España son familiares – principalmente una hija – , pero casi la mitad de las cuidadoras no familiares son extranjeras.

“Uno de los trabajos principales que desempeña una inmigrante cuando llega a España es hacerse cargo de una persona dependiente. Si no disponen de la documentación en regla pueden fácilmente recurrir a un trabajo sumergido como el cuidado de personas mayores”. Ellas están dispuestas, según Gallart, a trabajar más horas por menos dinero. Además de atender al anciano, la mayoría desempeñan actividades domésticas como limpiar, cocinar e ir a la compra. Un 87% trabaja como cuidadora más de 20 horas a la semana y el 44% tiene otros empleos además.

Este enfermero, licenciado en Humanidades y profesor de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) lleva siete años estudiando el fenómeno y ha elaborado una tesis en la que advierte de la sobrecarga que soportan las cuidadoras inmigrantes. Para Gallart es sólo el principio. Diversos trabajos apuntan a que en 2025, más del 70% de las mujeres estarán incorporadas al mercado laboral. “¿Quién cuidará de los mayores? La Administración no podrá hacerlo sola”, explica.

La tesis señala que casi la mitad de estas cuidadoras reconocen no disponer de la formación necesaria y no saber reaccionar antes las alteraciones de salud que el anciano pudiera presentar. Ésta no es una situación exclusiva del inmigrante. “Ni el cuidador inmigrante ni el familiar están preparados para atender a las personas dependientes. La Administración ahora está favoreciendo la formación al familiar, pero queda pendiente el inmigrante”. “Ni uno ni el otro tienen las condiciones suficientes, según los propios cuidadores manifiestan en la mitad de los casos”

. La Ley de Dependencia tampoco prevé que el inmigrante pueda hacerse cargo del anciano como si se tratara de un familiar. Sólo se contempla en casos muy excepcionales, cuando lleve dos años viviendo en el entorno del anciano y se precisa afiliación a la Seguridad Social.

El informe reclama que se aseguren unos niveles mínimos de conocimiento y un sistema que controle y regularice las jornadas y los salarios de estas cuidadoras inmigrantes sin formación, realizando controles domiciliarios para reevaluar a estas personas. Para disminuir la sobrecarga, Gallart apunta que es necesario potenciar el apoyo social, la calidad de vida y la integración de estas trabajadoras.

El profesor considera que la nueva Ley de Dependencia “es un paso valiente y firme”, pero “sólo es el inicio. Es necesario determinar con mucha más precisión los detalles”.

Gallart aboga por un nombre único para esta norma: Ley de la Promoción de la Autonomía. “Aunque parezca un hecho insignificante, el cambio es radical ya que se pasa de denominar una situación en términos negativos, como es la dependencia, a términos positivos, es decir, la búsqueda de la máxima autonomía posible de las personas”, defiende este enfermero.