De las 18 peticiones que Amnistía Internacional hizo en 2006 al Gobierno para garantizar la protección de las víctimas, «más de la mitad sigue sin ser realidad, porque la aplicación de la ley está fracasando» MADRID. – A las 34 asesinadas que van las mataron entre las rendijas de la ley, un papel lleno de buenas intenciones que no acaban de llegar a la realidad. El viaje del texto a la calle va despacio, dos años ya desde que entrara completamente en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género y un montón de obstáculos en el túnel de las víctimas, dicen Amnistía Internacional y algunos colectivos feministas. «El texto está ahí, pero la aplicación de la ley está fracasando».

Dos mujeres, Eva Suárez Llanos (Amnistía Internacional) y Consuelo Abril (Comisión de Investigación de Malos Tratos), contaron ayer con sus dedos cuántas de las 18 peticiones que hicieron el año pasado al Estado para mejorar la aplicación de la ley se han cumplido: «Más de la mitad sigue sin ser una realidad». Por ejemplo, no todas las mujeres tienen asistencia letrada cuando denuncian, en algunas comunidades autónomas no hay centros de atención integral o las sin papeles que denuncian se arriesgan a ser expulsadas del país.

Un poco después de aquellas 18 peticiones, el Gobierno anunció un Plan Nacional de Prevención de la Violencia de Género y 20 medidas urgentes para afrontar el asunto. Fue el 15 de diciembre. Amnistía Internacional (AI) sigue suspendiendo al Estado:

¿Cuántos refugios hay?

El informe de Amnistía Internacional (AI) afirma que desde 2006 sólo se ha creado un centro integral en Gijón. «En algunas comunidades autónomas se utilizan hostales en situación de emergencia».

Inmigrantes sin ayudas.

Las sin papeles siguen sin recibir ayuda económica, «pese a la promesa hecha en junio de 2006 por la delegada especial del Gobierno para la Violencia de Género».

Policías sin formación.

No hay formación obligatoria en la Guardia Civil ni en la Policía. El Plan Nacional que anunció el Gobierno en diciembre la contemplaba.

El ausente turno de oficio.

Hay comunidades autónomas donde «es frecuente» que las mujeres no cuenten con abogado en dependencias policiales. El Gobierno habló de «garantizar la inmediata asistencia letrada las 24 horas».

Expulsar a inmigrantes víctimas.

Este periódico denunció hace dos años la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que la Policía Nacional debe iniciar un proceso de expulsión de España de toda mujer inmigrante en situación irregular que denuncie malos tratos. En 2006, el Gobierno prometió revisar el asunto, pero Amnistía asegura que la orden no ha sido retirada.

Juzgados indocumentados.

Los juzgados que tramitan órdenes de protección y no son especializados no reciben formación específica. La media de denegaciones de estas órdenes se sitúa en el 23% de los casos. Pero, según el Consejo General del Poder Judicial, hay comunidades que superan el 30%: Asturias (37%), País Vasco (35%), Cantabria (34%) y Madrid (33%). «¿Qué pasa, se explican peor esas mujeres que las que viven en otros lugares? Hay que investigar eso», se pregunta Eva Suárez Llanos.

Agujeros del personal judicial.

El Plan Nacional del Gobierno preveía formación especializada para «todos los profesionales y operadores jurídicos». Para los magistrados de los juzgados de violencia sobre la mujer, la formación especializada es obligatoria. Pero para el resto de los profesionales, no.

Faltan unidades forenses.

Las Unidades Forenses de Valoración Integral no existen en Teruel, Segovia, Soria, Palencia, Zamora, Cuenca y Guadalajara.

Juzgados no evaluados.

AI considera que falta una evaluación de los objetivos por los que se crearon los juzgados especializados con el análisis de las víctimas, los colectivos de mujeres, los abogados y el personal de los juzgados. Habla de lo «especialmente importante» que sería conocer las opiniones de las víctimas para «detectar mecanismos de revictimización» que puedan mantenerse en los propios juzgados especializados.

Víctimas sin reparación.

Según el informe, no se ha promovido ninguna ley para asegurar una reparación justa y adecuada a las víctimas en el ámbito familiar. Ni siquiera cuando el Estado no ha actuado con diligencia.

Suárez Llanos y Abril también le sacaron punta ayer a algunos casos, como el de la mujer de Vitoria que presentó una denuncia en diciembre de 2006, retiró su queja después y fue asesinada a principios de este mes por su marido. La tesis es que no debería hacer falta denunciar para que el andamiaje de la protección se colocara en casa de la víctima. «La violencia de género es perseguible de oficio. La Fiscalía debe investigar aunque la mujer retire la denuncia o no se ratifique. Una víctima siempre tiene secuelas. El juez, el fiscal y el psicólogo deben rastrear su pasado y su entorno, hablar con los vecinos, comprobar si acudió al médico, hablar con ella… Sólo denuncia el 5% de los dos millones de mujeres que sufren violencia de género».