El Banco de España publicó ayer su informe anual del 2006, en el que defiende el papel que han tenido los inmigrantes en el crecimiento de la economía y en el que sostiene que han elevado la renta por habitante, frente a la creencia popular de que la han reducido.

El gobernador advierte del posible daño que pueden causar nuevos agentes financieros sin experiencia en entornos adversos
El Banco de España rompió ayer una lanza a favor de la inmigración. En su informe anual del 2006, el organismo sostiene que la llegada de inmigrantes a España ha contribuido “de forma notoria” al crecimiento de la economía y al avance de la renta per cápita, contrariamente a lo que apunta la percepción popular.

El propio gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sostuvo en su discurso de presentación del informe que “la aportación de la inmigración a la generación de renta ha sido mayor que la que se deriva del mero incremento poblacional”. Según los cálculos del Banco de España, la renta per cápita ha crecido en España a una tasa del 1,7% anual entre el 2001 y el 2005. Los extranjeros han contribuido en un 25%, ya que han aportado 0,4 puntos a ese crecimiento, mientras que los nativos han supuesto 1,29 puntos.

Esa tesis choca con la defendida por una parte de la población y por algunos partidos políticos como el PP, que han insistido en que el PIB español ha crecido significativamente pero, al repartirlo con 4 millones de inmigrantes, la renta por habitante ha mermado.

El Banco de España también sostiene que la larga fase de expansión económica que se vive desde hace años se debe asimismo a la relajación de las condiciones financieras, que han facilitado que familias y empresas aumenten sus inversiones al tener más acceso al crédito.

Pero, como de costumbre hace el Banco de España, no han faltado los toques de atención. Al Gobierno le insta a aplicar “a un ritmo más resuelto” su Programa Nacional de Reformas" y a aprovechar Directivas europeas para para definir un marco regulatorio “más simple y competitivo”. También aboga por mejorar la competitividad a través de la moderación salarial y el abaratamiento del despido en los contratos indefinidos. Además, apuesta por “avanzar en las privatizaciones allá donde tengan sentido”.

A las comunidades autónomas y Ayuntamientos les pide que realicen “un esfuerzo adicional” en el control del gasto, como solicitó recientemente Hacienda.

Alas familias y empresas les aconseja moderar su endeudamiento, aunque hace especial hincapié en las sociedades para que “ajusten sus proyectos de inversión y crecimiento a las posibilidades reales de rentabilidad futura”.

Y a las entidades financieras les echa un jarro de agua fría al asegurar que “es posible” que “resulte conveniente” aplicarles nuevas reformas, frente al exceso de regulación del que se ha quejado el sector. El gobernador también les advierte de la posibilidad de que en el futuro se produzcan crisis financieras más intensas por la existencia de nuevos agentes que no están sometidos a la supervisión prudencial y que no tienen “una experiencia contrastada” en gestionar riesgos en entornos adversos, como los nuevos intermediarios financieros. Lo que ve bien es la evolución de la morosidad.