Manuel Rodríguez, el presidente de la asociación Huelva Solidaria, acusado de una presunta estafa a inmigrantes, negó ayer durante el juicio haberse lucrado con el dinero de los extranjeros que acudían a la sede de la organización privada, que tiene como fin ayudar a este colectivo. La fiscalía mantuvo ayer la petición de tres años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio y desempeño de cualquier cargo en asociaciones directa o indirectamente relacionadas con la asistencia de extranjeros.

Las presuntas estafas que se juzgaron ayer tienen dos capítulos distintos. Por un lado, seis ciudadanos rumanos afirman cada uno pagó distintas cantidades entre los 45 y los 90 euros a Huelva Solidaria a cambio de que la asociación tramitase y obtuviese sus permisos de residencia y trabajo. Los testigos declararon ayer que, después de los pagos, sólo se les entregó una copia del documento de solicitud de estos permisos, junto con un carné de la misma asociación. Los rumanos señalaron que Rodríguez les dijo que ese papel era suficiente para buscar trabajo y “vivir tranquilos”, aunque en realidad eran documentos que no servían para nada por sí solos.

Manuel Rodríguez negó haber cobrado las cantidades aludidas por los testigos. Señaló que sólo a cuatro personas se les pidió dinero (10 euros por persona en un caso y 30 euros en otro), como cuotas para asociarse en Huelva Solidaria. Rodríguez declaró que el dinero que se cobró a los inmigrantes estaba destinado al mantenimiento de los gastos de la misma asociación. El presidente de la asociación llegó a decir que de los miles de inmigrantes a los que atendió en Huelva Solidaria, sólo se les ha pedido dinero a un 5% y el resto se ha beneficiado de sus gestiones “de manera gratuita”.

El segundo asunto que se juzgó ayer en el mismo proceso fue la presunta estafa que Huelva Solidaria realizó a un matrimonio y una ciudadana colombianos en las gestiones para reagrupar a sus familias en España con visados de turistas durante la Semana Santa y las fiestas rocieras de 2003. El matrimonio de perjudicados explicó ayer que realizaron dos ingresos de 1.500 euros y 600 euros respectivamente, mientras que otra mujer de la misma nacionalidad señaló que había ingresado 1.100 euros en una cuenta bancaria y había entregado en metálico otros 140 euros. Según el fiscal, el único titular de la cuenta bancaria no es Huelva Solidaria, sino el acusado, que presuntamente se apoderó de dichas cantidades.

En su defensa, el acusado explicó que las cantidades entregadas por los colombianos eran a fondo perdido y que ellos lo sabían. El dinero se destinó a sufragar los costes de la tramitación, así como “los seguros de viaje”.