El caso de la supuesta estafa a 60 inmigrantes en Bilbao durante el último proceso de regularización de extranjeros cuenta ya con dos acusaciones concretas. Una asesora, quien recibió 7.550 euros de nueve inmigrantes, se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de prisión y una abogada y un empresario que cometieron la presunta estafa a 39 extranjeros, a otra de seis años cada uno. Las peticiones han partido de la Fiscalía del Tribunal Superior y coinciden con las de la acusación particular, representada por la asociación Harresiak Apurtuz.

Este colectivo, que agrupa a las principales organizaciones de apoyo a inmigrantes, denunció hace más de un año este caso, que afectó al menos a 60 inmigrantes. Estas personas pagaron una media de 1.000 euros a empresarios e intermediarios que les aseguraban un contrato de trabajo con el que regularizarían su situación en España. En cambio, se formalizaban contratos para empresas sin medios materiales ni recursos o que se constituyeron poco antes antes del inicio de la regularización. La investigación permitió descubrir cuatro redes de fraude: dos encabezadas por sendas letradas que contaron con la ayuda de dos socios cada una; la tercera, por una asesora, y la cuarta, una falsa ONG que abrió una oficina y desapareció.

Este último caso se archivó, pero las diligencias de los otros tres han seguido y ya se van a celebrar dos juicios. Tras el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao, la fiscal ha pedido cuatro años de prisión para la asesora Carla Sandra Santos. En un escrito fechado el pasado 3 de abril, le acusa de “obtener un enriquecimiento patrimonial injusto” con nueve inmigrantes en situación irregular, a quienes pidió cantidades de entre 1.200 y 1.500 euros por un contrato de trabajo “en una empresa simulada”. Además, le reclama el pago de una indemnización a cada uno de ellos de entre 600 y 1.800 euros.

En otro escrito fechado el 21 de mayo, otra representante de la fiscalía pide seis años de prisión para la abogada María del Carmen Formoso y el empresario Emilio González por “enriquecerse mediante entregas de dinero” de 39 inmigrantes, que sumaron una cifra de casi 30.000 euros. La fiscal dice que les prometió “falsamente la consecución del permiso de residencia y trabajo” a través de una empresa, Reformas Koldo, que había sido constituida en esas fechas, pero que no tenía ninguna actividad. En su escrito destaca que todos los perjudicados “carecían de ingresos y se encontraban en una penosa situación económica, agravada por las referidas entregas dinerarias”.

Además de la prisión de seis años para los dos imputados, la fiscal solicita una indemnización de 800 euros para 34 inmigrantes y de entre 300 y 720 a los otros cinco afectados. Por ello, exige a los dos acusados una fianza de 20.000 euros.