la Fundación de Estudios de Economía (FEDEA) ha elaborado un trabajo cuyo primer capítulo, titulado Ensayos sobre los efectos económicos de la inmigración en España, alude a un doble efecto positivo de este fenómeno, en forma de beneficios netos, tanto para la economía española como para la economía del los países de origen de la propia Administración.

La primera de las conclusiones se basa en la diferencia entre la contribución de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes a la Seguridad Social y el gasto generado por éstos. Esta diferencia se cifra en 1.500 millones de euros, lo que según el estudio demuestra que los inmigrantes son rentables. La segunda conclusión, es decir, el fortalecimiento de la economía de los países de origen, se fundamenta, primero, en el aumento de la cantidad de las remesas procedentes de España (que según el estudio asciende a unos 6.500 millones de euros el último año) y segundo, en el uso o destino que se da a ese dinero en los países del Sur.

Pensar que el aumento de las remesas es directamente proporcional al desarrollo económico del país al que se dirigen es caer en un análisis de esa realidad tan simplista como ficticio. Las remesas se hacen buenas si de verdad repercuten en ese desarrollo, un desarrollo enfocado en el tejido productivo local que beneficie a las capas más populares de los países de origen y no se conviertan en el sustento económico, que sólo garantiza supervivencias y no vidas con derechos. La cooperación sindical que realiza CC.OO. trata de garantizar eso último, la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del Sur y el fortalecimiento democrático de países que, a pesar de recibir muchas remesas, carecen del soporte democrático social básico. De la conclusión primera sólo hace falta releer el final del primer párrafo, aquél que dice textualmente que los inmigrantes son rentables, para caer en la cuenta de la intención de sus autores.

Claro que uno puede pensar que quizás ese mensaje de la rentabilidad se use para clarificar un mensaje en positivo, que aleje del imaginario colectivo imperante en nuestra sociedad la idea de gasto que se asocia con la presencia de inmigrantes en nuestro entorno. Esa pequeña esperanza queda dilapidada por la propuesta que FEDEA saca a relucir, la tramitación de visados de trabajo y búsqueda de trabajo, previo pago de 2.500 euros. Parte de ese pago se articula en forma de fianza, de forma que esa parte se devuelve si el trabajador o trabajadora inmigrante regresa a su país de origen.

No podemos compartir esta descarada apuesta por la inmigración vista desde el prisma del beneficio económico puro y duro. En otras palabras, la inmigración que interesa es la que da réditos y luego se marcha. Además, por desgracia, la Administración parece que se suma en la práctica y de forma solapada a ese criterio, no sólo mediante la segregación ocupacional que supone la apuesta por el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura sino también haciendo de la Reagrupación familiar un reto más que un derecho y dificultando así el desarrollo personal y familiar de las personas que hace tiempo que residen, trabajan, se relacionan y sueñan entre nosotros.

Nuestro trabajo en CC.OO., tanto en el CITE (Centro de Información al Trabajador Extranjero) como en las distintas federaciones del sindicato, pasa por ser cómplices de esos sueños, defendiendo derechos y denunciando intenciones como las que describimos más arriba, intenciones utilitaristas que buscan el beneficio económico a costa de la población inmigrante por encima de su acogida o su desarrollo personal y familiar.

El colectivo de trabajadores no somos mercancía, somos sujetos de derechos y vamos a seguir reivindicándolos para todas y todos, declarándonos, como Eduardo Galeano, “compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo”.

• Son miembros de CITE-CC.OO. Euskadi