La población residente en España ha llegado a los 45 millones de personas, de las cuales un 9,9% es de nacionalidad extranjera, cuando en 1998 este porcentaje era del 1,6%. Si contrastamos el padrón divulgado por el INE con la cifra de extranjeros con autorización o tarjeta de residencia, podemos concluir que 1.243.257 de los empadronados se encuentra en situación irregular. Si lo comparamos con el dato de los 1.876.401 inmigrantes afiliados a la Seguridad Social, tampoco sería aventurado deducir que un millón de extranjeros inscritos en el padrón participa de las distintas variantes de la economía sumergida. A los que habría que añadir aquellas personas que no constan en ningún registro.

La integración de cuatro millones y medio de extranjeros en la sociedad española plantea retos derivados del breve tiempo en que se ha disparado tal cifra, su concentración en determinadas áreas y los problemas que acarrean el desarraigo y la incertidumbre en que se mueven, a pesar de que la mayoría de ellos haya experimentado un notable incremento de su bienestar material. Los peores augurios sobre el impacto social que iba a acarrear semejante afluencia foránea han quedado desautorizados por los hechos. Pero dado que dicho porcentaje tenderá inexorablemente a crecer, conviene tener en cuenta que, visto lo ocurrido en otros países de nuestro entorno, los problemas podrían presentarse con las segundas generaciones, quienes siendo plenamente conscientes de sus derechos pueden interpretarlos realzando la diferencia comunitaria o el agravio por una vida desarrollada en los márgenes del bienestar general. En este sentido, tanto el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración que comparten las autonomías como el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes requerirán una evaluación permanente y una creciente dotación de medios.

El crecimiento demográfico propiciado por la inmigración y por la llegada de profesionales a nuestro país es, en líneas generales, el que nuestra economía demanda y puede soportar. Pero por esa misma razón llama la atención que haya comunidades que no compensen su estancamiento poblacional con la afluencia de extranjeros. Las sociedades requieren de una determinada masa crítica de habitantes para generar riqueza, resultar competitivas y procurarse un constante relevo generacional. Sería inimaginable que todas y cada una de las autonomías mostrasen idénticas tendencias al respecto. Pero es preocupante el horizonte que se les presenta a las seis que se sitúan por debajo de la media nacional: Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Asturias, Galicia y Extremadura. Preocupante porque es el reflejo de que su economía no es capaz de atraer más mano de obra y porque su retraimiento demográfico limita sobremanera su potencial de crecimiento.