Amnistía Internacional pedirá informes a Interior sobre el fallecimiento del emigrante El caso del nigeriano fallecido cuando iba a ser deportado se instruirá en Elche. Aunque en un principio la Fiscalía barajaba la posibilidad de que el asunto dependiera de Madrid al haber salido desde allí el avión, la Ley contempla que la competencia es de la localidad ilicitana al constituir el primer puerto de arribada del vuelo, según señaló ayer el fiscal jefe de la provincia, José Antonio Romero. Mientras tanto, los informes médico forenses no descartan que el fallecimiento pudiera haberse producido por asfixia, a causa de la mordaza de cuatro centímetros que cubría la boca del inmigrante, indicaron fuentes cercanas a la investigación.


Según dichas fuentes, la autopsia desvela que el cuerpo presentaba hipoxia o déficit de oxígeno en el organismo, además de otros síntomas hemorrágicos, compatibles con un edema pulmonar. Ante esa situación, los forenses enviaron los pulmones y el corazón a Barcelona para que el Instituto Nacional de Toxicología analice el estado de los mismos.


Mordaza muy espesa

Las mismas fuentes indicaron que hasta que no se sepa el resultado de las pruebas, la autopsia no es concluyente y no puede descartarse un posible maltrato o una negligencia. De hecho, la mordaza que llevaba en la boca el joven de 23 años tenía cuatro centímetros y era “muy espesa”, por lo que es posible que obstaculizara la respiración del inmigrante. Personas cercanas a la investigación indicaron que el joven llegó a hacerse las necesidades encima, lo cual puede ser también un síntoma de asfixia.


Entretanto, Amnistía Internacional (AI) en España anunció ayer que pedirá al Ministerio del Interior informes sobre la investigación interna del caso del nigeriano. Desde la organización de derechos humanos denunciaron el incumplimiento de los protocolos del Consejo de Europa en los procedimientos de expulsión. El director de AI España, Esteban Beltrán, señaló que el caso pone en evidencia un “problema mayor de derechos humanos”. AI manifestó al Gobierno español en “reiteradas ocasiones” su preocupación por los métodos de inmovilización utilizados en las expulsiones.


El Consejo de Europa prohíbe métodos de inmovilización que puedan poner en peligro la vida de la persona, como la cinta adhesiva, “pero se usan”. Beltrán agregó que “desde hace años” han pedido al Gobierno y a otros países que apliquen la directiva y elaboren un protocolo de actuación para estos casos pero “nunca lo han hecho”.