El Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos dedicarán 96 millones de euros hasta 2009 para integrar a los 98.108 extranjeros empadronados en Euskadi, el 75% de los cuales tiene un empleo. Así lo anunció ayer el consejero de Vivienda y Asuntos sociales, Javier Madrazo, que presentó el II Plan Vasco de Inmigración (2007 – 2009), un documento aprobado que promueve la inserción de los trabajadores no nacionales en el mercado laboral para conseguir su «plena integración en la sociedad».

Actualmente, los extranjeros representan el 4,6% de la población empadronada en Euskadi, según el último avance divulgado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado lunes. Esa proporción no llega a la mitad de la media española (10%), pero los flujos migratorios van a crecer en la comunidad autónoma a corto y medio plazo. Partiendo de esa premisa, las administraciones vascas han decidido abordar la inmigración no como un problema, sino como «un fenómeno natural, positivo y necesario, que contribuye al enrique – cimiento de la sociedad de acogida», en palabras de Madrazo.

El 70% de los no nacionales empadronados en el País Vasco tienen permiso de residencia; es decir, son personas ‘legales’ que pueden vivir y trabajar de manera normalizada. El 30% restante sólo están registrados en los ayuntamientos, lo que les impide acceder a un empleo legal, si bien les abre la puerta a la educación y a los servicios sociales y sanitarios.

El nuevo plan de inmigración, aprobado ayer por el Ejecutivo de Ibarretxe, pretende evitar esas diferencias, de modo que todos los inmigrantes puedan trabajar de forma legal y en condiciones de igualdad. «Eso se traduce en cotizaciones a la Seguridad Social, pago de impuestos, más consumo y enriquecimiento, tanto de la persona inmigrante como de la sociedad en la que reside», insistió el consejero de Ezker Batua.

«Honradamente»

Madrazo atacó la «falsa idea» de que los extranjeros no comunitarios subsisten en Euskadi gracias a las ayudas sociales. Recordó que tres de cada cuatro se ganan la vida trabajando en la construcción, la industria, las cafeterías y el servicio doméstico, aunque sólo la mitad están inscritos en la Seguridad Social. Según el titular de Vivienda y Asuntos Sociales, «la gran mayoría de los inmigrantes» se han instalado en el País Vasco para vivir «honradamente», pero las situaciones de irregularidad administrativa sólo dificultan su integración social.

Para paliar este problema, el Gobierno autónomo y los ayuntamientos quieren reforzar la red de acogida que se puso en marcha con el anterior plan de inmigración y que, actualmente, está formada por las tres capitales vascas y por los principales municipios de la comunidad. Esa red ofrece información y asistencia social al 70% de los inmigrantes Euskadi, y se ha convertido en un instrumento útil para que cada ayuntamiento pueda planificar sus intervenciones en esta materia.

Del mismo modo, el Ejecutivo vasco «consolidará» el observatorio estadístico Ikuspegi y el servicio jurídico que se puso en marcha en 2003 para asesorar a los inmigrantes ‘sin papeles’. Según Madrazo, esa labor de asesoramiento se extenderá a otro tipo de supuestos en los que presuntamente se hayan vulnerado los derechos fundamentales del inmigrante. El consejero se refirió, por ejemplo, a la estafa sufrida por un numeroso grupo de ‘sin papeles’ que trataban de regularizar su situación legal.

Otro objetivo del II Plan de Inmigración es animar a los extranjeros a participar en proyectos de desarrollo en sus países de procedencia. También pretende que las remesas de euros que envían a sus casas sean útiles en aquellas tierras. «Hay que avanzar en la interculturalidad y alcanzar una plena integración de la población inmigrante – dijo Madrazo – . Eso exige reconocer un nuevo estatuto de ciudadanía inclusiva, desligada de la nacionalidad y vinculada a la residencia».