Los ministros del Interior de la UE reunidos ayer en Luxemburgo analizaron la petición de Malta de instaurar un sistema de solidaridad compartida entre los estados miembros para repartirse a los inmigrantes rescatados fuera de las aguas jurisdiccionales europeas «para que la carga no recaiga siempre sobre los mismos países», señaló el ministro maltés Tonio Borg.

Sin embargo, los titulares de Interior prefirieron aplazar cualquier decisión al respecto y esperar a que «se clarifique más la propuesta», de forma que seguramente será debatida por los embajadores permanentes de los Veintisiete la próxima semana.

En realidad, los mayores recelos a la toma de una decisión inmediata los puso España, que está de acuerdo con el principio general de solidaridad compartida dentro de la UE en materia de rescate de inmigrantes en alta mar, pero siempre y cuando se mantengan dos condiciones: «Que no se debilite la actual política de repatriaciones de ilegales – para evitar un posible efecto llamada – y que la solidaridad compartida afecte a todos los ámbitos, fundamentalmente al de los menores no acompañados», aclaró el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

«La postura de España es comprensible: si emitimos un mensaje contrario, las mafias pueden volver al eslogan ese, que por suerte en nuestro país ya no funciona, de que el que llega se queda», indicó.

Rubalcaba se mostró tolerante con la petición de Malta, puesto que «España comprende que este país tiene una presión migratoria muy dura», dijo, pero insistió en que el mejor camino es continuar trabajando en la línea de las repatriaciones, a través de los acuerdos con los países de origen. «Como estamos haciendo nosotros con Mauritania y Senegal, por ejemplo», señaló, «y estamos demostrando que el actual sistema de repatriaciones funciona, como se refleja en la disminución de la llegada de pateras».

Malta reclama que los sin papeles se distribuyan según un sistema rotatorio que se base «en el tamaño y en la población» que cada país tiene en la UE. De manera temporal, estas personas serían llevadas al Estado miembro más cercano al punto de rescate hasta que se les transfiera al socio comunitario designado. Sin embargo, fuentes del Gobierno español señalaron que, «de momento, España mantiene sus reservas» por considerar que «un mecanismo de estas características podría desencadenar, además de un efecto llamada, otro más perverso, de inhibición de responsabilidades, puesto que, por ejemplo, en el caso maltés su capacidad de acogida sería mínima, mientras que sería mucho más numerosa para España o el resto de países de mayor población y tamaño».

Lo que sí aprobaron los ministros del Interior fue el envío a partir del próximo 25 de junio de una nueva misión de patrullas de la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex) en el Mediterráneo para ayudar a Malta a hacer frente a la llegada de irregulares. La misión se denominará Nautilus y estará integrada por efectivos de España, Italia, Grecia, Francia y Alemania. Esta aprobación se produce sólo un día después de que el Frontex reconociera que resulta imposible mantener patrullas permanentes en Canarias «por falta de presupuesto».