La polémica nueva ley de extranjería calienta el debate de las legislativas de este domingo Brice Hortefeux ha comenzado a dotar de contenidos el nuevo Ministerio de la Inmigración y de la Identidad. Empezando por una ley que relaciona ambos extremos, puesto que los extranjeros dispuestos a instalarse en Francia tendrán que conciliar la solvencia económica, el conocimiento del francés y la erudición en los valores republicanos.

Nicolas Sarkozy ya había promovido una iniciativa bastante restrictiva en materia de extranjería cuando era ministro del Interior, pero el texto remitido al Consejo de Estado y pendiente de aprobación parlamentaria lleva más lejos las condiciones de reagrupamiento familiar.

Primera: el inmigrante que pretenda reunir a sus parientes directos (hijos y cónyuge) deberá acreditar una renta mensual mínima de unos 1.200 euros. Segunda: los familiares convocados en Francia están obligados a superar en sus países de origen un examen de lengua francesa y un cursillo que demuestre su comunión con los ideales de la patria tricolor. Tercera: un juez competente podrá dictaminar la confiscación de las ayudas públicas en caso de demostrarse que los padres no favorezcan la «buena integración de sus hijos recién llegados a Francia», según escribe Brice Hortefeux.

Las líneas maestras de la nueva ley aparecieron ayer convenientemente filtradas en el diario Le Figaro y han precipitado un virulento debate político. No sólo porque estamos en la recta final de las legislativas (17 de junio). También porque los socialistas consideran que semejante esquema de extranjería redunda en la insolidaridad, la injusticia y la discriminación.

«Esta ley no resuelve nada, porque es completamente ajena a la raíz de problema de fondo», explicaba ayer Julien Dray en nombre del Partido Socialista (PS). «Las restricciones no conducen a ningún sitio mientras no se involucre a los países de origen y mientras no se contribuya a su crecimiento. Sarkozy vuelve a poner un parche en vez de ver el problema con perspectiva».

Las críticas son más agresivas desde el acuartelamiento comunista. Acusan al ministro Hortefeux de haber incurrido en un ejercicio de oportunismo electoral. Primero, porque el texto ha trascendido en medio de los dos turnos de los comicios legislativos. Y, en segundo lugar, porque su contenido «espera seducir a los votantes del Frente Nacional y de la extrema derecha», señalaba ayer un comunicado del Partido Comunista Francés (PCF).

Los reproches se han extendido airadamente en el contexto de las asociaciones humanitarias, las ONG y movimientos mestizos, pero el relator de la normativa defiende a su favor que la nueva ley en marcha se atiene rigurosamente a los compromisos electorales del presidente Sarkozy.

Se trata de la llamada inmigración a la carta, porque el nuevo Ejecutivo pretende ahuyentar el reagrupamiento familiar y atraer a los extranjeros que vienen a trabajar. Actualmente, sólo representan el 7% de los flujos migratorios, pero Brice Hortefeux quiere dar la vuelta a las estadísticas y seleccionar la extranjería en virtud del interés económico.

La amalgama entre inmigración e identidad no ha caído bien en el seno de Naciones Unidas. Doudou Diène, exponente de la sección de Derechos Humanos, considera que el nuevo Ministerio francés aloja el problema de «banalizar el racismo». Partiendo de un principio: «Es un error hacer una lectura étnica y racial de las cuestiones políticas, económicas y sociales. También es peligroso el tratamiento ideológico y político de la inmigración desde el enfoque de la seguridad o interpretado como una amenaza a la identidad nacional», explicaba el portavoz de la ONU.

Las declaraciones calientan el mano a mano que esta noche van a mantener en París el jefe de la diplomacia española, Miguel Angel Moratinos, y el titular galo de Exteriores, Bernard Kouchner. La agenda de la entrevista abarca el proyecto de la Unión Mediterránea y el porvenir de Kosovo, pero ambos colegas, amparados en la misma proveniencia socialista, colocan como prioridad el problema de la inmigración.