El segundo Plan Vasco de Inmigración 2007 – 09, que el Gobierno aprobó en su reunión de ayer, contará con una financiación de 96 millones de euros, más del triple de la destinada al primero y tendrá carácter interinstitucional, al formar parte de su elaboración y posterior gestión el Gobierno, las tres diputaciones y los ayuntamientos. En el primer plan sólo participó el Ejecutivo. El director de Inmigración, Roberto Marro, se felicitó ayer de la participación de todo el entramado institucional, lo que permitirá actuar de una forma más coordinada y eficaz.

El eje sobre el que gira el documento es la apuesta por la incorporación de los inmigrantes al mercado de trabajo, para lo que facilitará una serie de medios que contribuyan a mejorar su cualificación y formación profesional. El consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, de quien depende la Dirección de Inmigración, recalcó la idea de que los extranjeros no llegan a Euskadi para vivir de las ayudas sociales: “Vienen a buscar un trabajo que les permita vivir con dignidad. Su incorporación normalizada al mercado de trabajo les abrirá el resto de las puertas y contribuirá como ninguna otra cosa a su integración”.

El avance del último padrón, difundido el lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), precisa que en Euskadi residían, a fecha del pasado 1 de enero, 98.108 inmigrantes (el 4,6% de la población vasca). De ellos, cerca del 70% se encuentra en situación regular y el 80% tiene entre 18 y 65 años, es decir, que se encuentra en edad laboral, según Asuntos Sociales. Tres de cada cuatro trabajan en el sector primario, la construcción, la industria y los servicios. “Ocupan empleos de baja cualificación y prestigio social que no quiere cubrir la población local”, enfatizó el consejero.

La cifra de extranjeros residentes en Euskadi afiliados a la Seguridad Social ascendía en abril a casi 43.000, el 4,4% del total. El porcentaje se encuentra muy lejos de la media española (9,9%) y más aún de la de Madrid y Cataluña (14,1% y 12,5% respectivamente). Ambas comunidades concentran por sí solas casi el 41% de los inmigrantes que viven en España. Pese a que Euskadi tiene una de las tasas de paro más bajas del país (3,4%, según el Eustat), otras comunidades ejercen un poder de atracción mucho mayor.

A pesar de ello, la incorporación de extranjeros al mercado laboral vasco ha conseguido multiplicar por cinco el ritmo de crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social, que en conjunto subió en el último año más de un 2%. La construcción, con 3.650 afiliados dentro del régimen general, es la actividad que más trabajadores foráneos concentra en la comunidad autónoma. Por países de procedencia, los portugueses continúan siendo los más numerosos en afiliación a la Seguridad Social (6.330 personas), seguidos por los colombianos (5.493). En términos generales, Colombia y Bolivia son los dos países que aportan más inmigrantes a Euskadi (ver gráfico).

Madrazo detalló que la incorporación normalizada de los inmigrantes al mercado de trabajo se traduce en mejoras para todos: “Cotizaciones a la Seguridad Social, pago de impuestos, más consumo y enriquecimiento tanto del inmigrante como de la sociedad en la que reside”. En estos momentos, uno de cada cuatro perceptores de la renta básica es inmigrante. “Hay que invertir esa tendencia”, indicó.

El desarrollo y la consolidación de la red municipal de acogida es otro de los pilares del plan. Ya se han incorporado a ella las tres capitales y las principales localidades. Esta red, integrada por técnicos y asistentes municipales, permite orientar en una primera instancia a los inmigrantes sobre ayudas sociales, trabajos, sanidad y escolarización infantil. Además, estos servicios les facilitan alojamiento si lo necesitan hasta que se hayan establecido.

El reforzamiento del Observatorio Vasco de Inmigración – Ikuspegi, del Consejo de Inmigración (integrado a partes iguales por representantes de la Administración y agentes sociales) y del servicio de asistencia sociojurídica Heldu completan la batería de medidas. En este último apartado, el consejero apuntó que se ampliarán los supuestos en los que un inmigrante puede requerir ayuda legal y no sólo cuando se trate de un sin papeles al que hay que regularizar. Así, por ejemplo, en los casos de explotación laboral o de estafa.

El objetivo es garantizar la “plena integración” de los inmigrantes, para lo que resulta necesario “reconocerle un nuevo estatuto de ciudadanía inclusiva, desligada de la nacionalidad y vinculada a la residencia”, resumió el consejero. “Es incompatible la integración con situaciones de irregularidad”, añadió.

Aunque Euskadi cuenta con una Dirección de Inmigración no tiene ninguna capacidad para regularizar situaciones, competencia exclusiva del Gobierno central. El punto de partida de la política vasca de inmigración es “la convicción” de que se trata de un fenómeno natural, positivo y necesario. “El objetivo es eliminar la discriminación por nacionalidad y garantizar el cumplimiento de los derechos de todas las personas, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales”, concluyó Madrazo.