La incapacidad de la política española para asumir los grandes problemas en un debate racional y positivo se manifiesta en toda su plenitud con la inmigración. Éste es un problema creciente que no puede solventarse sólo a base de que el gobierno, periódicamente, salga con sus «buenas noticias» y nos cante algunas de las excelencias – además ciertas – que significa este gran fenómeno inmigratorio que estamos viviendo. Porque al actuar así, sin abordar los problemas que lleva aparejados y que son tan reales como las ventajas, ofende a mucha gente que los vive directamente, invalida la posibilidad de establecer políticas concretas, y favorece su instrumentalización por la xenofobia.

Una buena política inmigratoria debe de ser integral y positiva, pero para desarrollarla es necesario contestar con sinceridad una pregunta básica: ¿Qué queremos de ella? ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos que logre? Y, a cambio, ¿qué estamos dispuestos a aportar?

Entre los distintos problemas, hay uno ni tan siquiera mencionado.El hecho de que la inmigración tiene un papel a corto plazo y otro a largo. Y este último es distinto en función de si los recién llegados se quedan para siempre o vuelven a sus países de origen.

Si permanecen, alcanzarán la edad de jubilación y la mayor demanda en sanidad y dependencia en pleno periodo crítico del sistema del bienestar español, en su peor momento. De hecho, el flujo inmigratorio bajo este punto de vista debería haber sido mucho menor ahora y crecer, sobre todo, a partir del 2020. Si la inmigración se observa sólo a través de la coyuntura del mercado de trabajo podemos tener grandes dificultades.

Por esta razón sería positiva la política que propiciara el retorno voluntario al país de origen al cabo de un tiempo de estar entre nosotros, o bien al final de su vida laboral. De manera que el trabajador pudiera capitalizar allí su trabajo realizado aquí, generando condiciones para que el retorno a su país sea en buenas condiciones de vida. La emigración española a Alemania tuvo un resultado beneficioso para aquel país, pero también para España porque la mayoría volvieron, y con las rentas acumuladas, bien como trabajo, bien como pensión, dieron un empuje a muchas regiones y pueblos de España. La inmigración es una sangría de recursos para el país que expulsa población. Si, voluntariamente, y subrayo lo de la voluntad, creando los estímulos necesarios se puede incentivar su vuelta, aquellos países recuperarán, o bien activos con una cierta capitalización y experiencia profesional, o bien jubilados con la renta de su pensión, que al devengarse allí, tendría un buen poder adquisitivo y resultaría menos onerosa para las arcas españolas.

Este tipo de enfoque significaría, además, la posibilidad de concertar políticas con los países de origen, establecer programas de soporte al desarrollo a partir, no de los cooperantes de las ONG, sino de los propios inmigrantes que vuelven a su país con la ventaja de que saben el terreno que pisan.

Sería el fin del paternalismo biempensante y el principio de considerar al que viene aquí como un ser humano igual en dignidad y capacidades, que no necesita ser sobreprotegido, sino simplemente tratado con las mismas condiciones que los demás y, sobre todo, con inteligencia.

Este enfoque requeriría de un ministerio o una secretaría de estado específica para la inmigración, que desarrollara además otras políticas de integración, a la vez que asumiera todas las competencias en materia de ayuda al desarrollo.