La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estrechado el cerco en torno a una serie de personas que estafaron a decenas de inmigrantes – 39 presentaron la denuncia correspondiente – justo antes del último proceso de regularización que se llevó a cabo entre los meses de febrero y mayo de 2005. Los acusados les prometían ‘papeles’ – todos estaban en situación irregular – a cambio de dinero. Después de estudiar el caso, el fiscal ha solicitado seis años de prisión para la abogada bilbaína MC. F. C., una de las cabecillas de la trama, y para uno de sus colaboradores, identificado como E. G. R., acusados de un presunto «delito de estafa». Los encausados pedían a los extranjeros hasta 800 euros para tramitarles permisos de trabajo que, en realidad, era imposible obtener porque los interesados no cumplían «los mínimos requisitos para ser regularizados».

Esta fraudulenta red administrativa empezó a tejerse en 2004. La letrada bilbaína y su cómplice, según consta en la petición acusatoria del fiscal, se asociaron «para enriquecerse» con el dinero que les entregaban los solicitantes a cambio de los permisos de trabajo. Para poner en marcha la trama, constituyeron una empresa ficticia que ofertaba empleo a sus clientes. Harresiak Apurutz, coordinadora de ONG, emprendió entonces una batalla judicial que, años después, empieza a dar sus frutos.

Sin medios económicos

A pesar de que muchos acreditaron haber venido a España antes del 8 de agosto de 2004 – para poder regularizarse – nadie consiguió los ‘papeles’, ya que la compañía carecía de «medios económicos suficientes» para asumir a los solicitantes como «trabajadores de la comunidad de bienes». No obstante, el fiscal ha solicitado el «sobreseimiento provisional» de otro de los imputados en el caso, JL. L. C., al considerar que «no existen suficientes indicios de su participación en los hechos». Asegura que no ha intervenido de forma personal en la «elaboración y firma de las ofertas de empleo a los inmigrantes».

El fiscal recuerda que esta abogada bilbaína presentó un total de 66 solicitudes de autorización legal de residencia en los meses de abril y mayo de 2005, pero que 65 de ellas fueron denegadas por la Subdelegación de Gobierno en Vizcaya por carecer de los «mínimos requisitos para ser regularizados». Al entender que se ha cometido un delito de estafa, la Fiscalía pide una pena de seis años de prisión para cada uno de los acusados, una multa de «18 meses con cuota diaria de 15 euros» – las indemnizaciones se pagarían de forma conjunta – y la «inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de abogada y comerciante». Asimismo, se exige una fianza de 20.000 euros y, de cara al juicio, se anuncia la comparecencia de casi cuarenta testigos.