El doctor Carlos Arroyo, de Médicos del Mundo, señaló ayer que de la población inmigrante que llega a Canarias, “un 15% tiene derecho a asilo y refugio, pero en las expulsiones masivas que se llevaron a cabo en 2006 se repatrió a posibles solicitantes de asilo”.

Carlos Arroyo, responsable de Inclusión Social de Médicos del Mundo en Tenerife, denunció que de toda la población inmigrante que llega a Canarias, “un 15% tiene derecho a asilo político y refugio, pero no se presta a todos este servicio porque las autoridades no hacen las comprobaciones necesarias, como ocurrió el año pasado, donde en las expulsiones masivas que se llevaron a cabo desde las Islas se repatrió a posibles solicitantes de asilo”.

Así lo manifestó a EL DÍA el doctor Carlos Arroyo, quien apuntó que en 2006 “llegaron tantas personas de golpe, que no se les preguntó bien si estaban huyendo de una guerra o escapaban de su país por motivos de identidad sexual, violencia o persecución religiosa”.

En este sentido, Arroyo matizó que conoce casos de “personas que llegan del sur de Senegal, donde están en guerra” y no sólo no reciben la protección del Estado sino que, además, son abandonados a su suerte. Igual que ha ocurrido con ciudadanos de otros países subsaharianos que mantienen guerrillas como Costa de Marfil o Guinea Conakry, entre otros.

Precisó que, por ejemplo, "ACNUR ha declarado la alerta en Casamance, en el sur de Senegal, a causa de una guerrilla y es uno de los lugares de salida de los muchos cayucos que han alcanzado las costas canarias.

Asimismo, indicó que algunos inmigrantes huyen de su país porque allí son perseguidos debido a su condición homosexual, algo que tampoco se ha tenido en cuenta. Arroyo aseguró que tiene constancia de, al menos, dos casos de personas que llegaron en embarcaciones clandestinas a Canarias el pasado año. Además, Arroyo puso de manifiesto “la gran bolsa de exclusión social que se ha creado por una dejación del Estado”, en referencia a la vulneración de los derechos de las personas que han pasado por un centro de retención que, al no poder ser expulsadas, viven en precario.

Dejación del Estado

“No se puede soltar a una persona en Lavapiés (Madrid) con 20 euros en el bolsillo y sin documentación para que se busque la vida, después de haber estado 40 días retenido en Canarias”.

Arroyo relató que ha coincidido en el citado barrio madrileño “con gente que ha pasado por la consulta” de Médicos del Mundo en Tenerife, donde se presta asistencia sanitaria y seguimiento a los que tras llegar a la costa fueron ingresados en algún hospital público.

El problema viene al recibir el alta médica, pues “estas personas, recuperadas, quedan sin papeles y sin dinero”, por lo que se ven “en libertad y sin documentación que les permita trabajar”.

Señaló que, dado que se trata de extranjeros indocumentados, la sanidad pública sólo cubre su atención en urgencias.

“Una vez que salen del hospital y van a parar a casas de acogida, son organizaciones como Médicos del Mundo y otras ONG las que se hacen cargo de su salud”.