Suiza, un país tradicionalmente de acogida de inmigrantes, donde uno de cada cinco residentes es extranjero, y que se enorgullece de su multiculturalismo, ve cómo en los últimos años este modelo de integración se resquebraja. La iniciativa lanzada por el Partido Popular Suizo, uno de los integrantes del Consejo Federal (Ejecutivo) que gobierna en coalición, de recoger firmas para prohibir la construcción de alminares, o el informe del relator especial para el racismo de la ONU, alertando de tendencias xenófobas en el país, de 7,5 millones de habitantes, ponen de relieve las reticencias de parte de la población ante la llegada de inmigrantes musulmanes, africanos y de la Europa del Este.

La socialista Micheline Calmy – Rey (Chermignon, 1945), presidenta de Suiza por turno este año como miembro del Consejo Federal, y ministra de Asuntos Exteriores, reconoce, en una entrevista con medios españoles el pasado lunes en Ginebra, los problemas de integración de determinadas minorías. Por el contrario, defiende la libre circulación de los naturales de la UE, que entró en vigor el pasado viernes, aunque con una moratoria hasta 2011 para los países del Este, que se incorporaron en 2004 y 2007. Calmy – Rey visitará España los próximos días 11 y 12.

Pregunta. ¿Qué reacción han tenido los contrarios a la inmigración ante la entrada en vigor del acuerdo de libre circulación con la UE, con la que Suiza ha eliminado la cuota para los trabajadores comunitarios?

Respuesta. La política de inmigración suiza privilegia la inmigración de la UE. La mayoría de los residentes en Suiza son originarios de la Unión, son una cuarta parte de la mano de obra suiza y un factor del dinamismo industrial suizo. Creo que no plantea dificultades, todo lo contrario, pero es cierto que suscita miedos en parte de la población, que puede temer que esta mano de obra sea una competencia y les quite empleo. Por eso hemos tomado medidas complementarias, y las personas que vengan estarán sometidas a las mismas condiciones salariales y laborales que los residentes en Suiza.

P. ¿Qué opina de la iniciativa de la derecha para prohibir la construcción de alminares?

R. El Partido Popular Suizo está recogiendo las firmas. En mi opinión, plantea problemas de compatibilidad constitucional, y no creo que sea muy responsable por parte de un partido nacional lanzar una iniciativa que pueda tener consecuencias de seguridad para los suizos.

P. Un informe reciente del relator de la ONU para el racismo alertó de las tendencias racistas y xenófobas en Suiza.

R. Es cierto que hay un 21% de población extranjera en Suiza, y que hay medio millón de musulmanes. En la actualidad, Suiza topa con un problema de integración de minorías cuya integración es más difícil que la de los españoles, portugueses o países vecinos. La integración de estas poblaciones es un reto. Hoy en día, es verdad que puede haber dificultades con un apellido que acabe en ich, de Europa del Este. Pero no hablaría de racismo, es un problema al que se enfrentan tanto Suiza como los demás países europeos, es un tema de apertura y de liberalización.

P. El acuerdo de libre circulación contempla la posibilidad de celebrar un referéndum más adelante para revocarlo.

R. No es nada seguro que se vaya a celebrar. Ha sido incluido para tranquilizar a los que tenían miedo, pero creo que son tales las ventajas en términos económicos que no veo cómo los suizos puedan decir que no.

P. Suiza sigue arrastrando esa imagen de opacidad en su sistema bancario.

R. Somos el único país que ha devuelto la fortuna de los dictadores a sus países, por eso no creo que sea de recibo hacer estas acusaciones. Hoy día, la legislación suiza es muy clara, y cuando existen fondos de dictadores, consideramos que es de las poblaciones y los devolvemos, así lo hicimos con Nigeria o Kazajistán. Estos mismos dictadores tienen fondos en otros países europeos que siguen ahí.