Cada inmigrante latinoamericano envía unos 2.000 euros al año a su país de origen, lo que supone el 15% de sus ingresos en España, según se desprende de un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentado ayer en Madrid. Con este dinero, que en 2006 superó en total los 3.730 millones de euros, viven ocho millones de personas en ese continente. La transacción media por trabajador oscila entre los 100 y los 300 euros y la repiten varias veces en el ejercicio. El problema para este colectivo es que cada operación les cuesta una media de cuatro euros – en torno al 2% de la cantidad remitida – , suma que varía en función de que acudan a una compañía especializada en remesas o a una entidad financiera común, como los bancos y las cajas de ahorro.

La última actualización del censo revela que en España trabajan 1.820.000 inmigrantes latinoamericanos – el triple que hace cinco años – , que representan el 5% de la población adulta del país y el 7% de la fuerza laboral. El 60% procede de la zona andina – Ecuador (414.000), Colombia (136.000) y Perú (126.000) – . Son quienes llegan de regiones más pobres los que en mayor número mandan dinero, aunque en menores cantidades. El informe del BID, que recoge todas estas cifras, revela que siete de cada diez vinieron en los últimos cinco años, y en gran medida trabajan en el sector servicios – empleados domésticos, limpieza, peluquería, restauración – , en la construcción y en la industria

10.000 euros al año

Su integración real en la economía española no se suele producir hasta pasados tres años, cuando sus ingresos superan los 10.000 euros anuales – lo que ocurre en el 71% de los casos – , tienen una cuenta bancaria (87%) y cotizan a la Seguridad Social (86%). Los ingresos totales que perciben estos inmigrantes en España superan los 30.000 millones de euros, de los cuales el 85% lo gastan en los territorios donde viven. Las autonomías con mayor población son también las que cuentan con más trabajadores extranjeros, de manera que Madrid lidera el envío de remesas a sus países de origen (1.074 millones de euros anuales), seguida de Cataluña (673 millones) y Comunidad Valenciana (408 millones).

Desde mediados de febrero pasado, las casas de cambio y las ‘remesadoras’ tienen que identificar a los clientes que les solicitan operaciones de cambio de moneda extranjera o servicios de envío de dinero, medida que han aprovechado muchas de ellas para encarecer sus tarifas. La nueva regulación persigue el blanqueo y les obliga, además de guardar copia de esos documentos de identificación, a obtener información adicional de la actividad de la que proceden los fondos cuando un usuario les plantee remesas o cambio por importes superiores a 3.000 euros en el plazo de un trimestre. Según el Banco de España, hasta febrero los inmigrantes habían enviado a sus países de origen 1.249 millones de euros, casi un 40% más que hace un año.

Un informe presentado por la Oficina Económica de La Moncloa el otoño pasado revela que, al menos, la mitad del superávit que alcanzaron las administraciones públicas en 2005 – unos 5.000 millones de euros, equivalentes al 0,5% del PIB – se debieron directamente a la inmigración. En la raíz de estas cifras está el desequilibrio actual de las pensiones: los inmigrantes sólo reciben 400 millones de euros por este concepto, cuando su cotización supera los 8.000.