Algunos empresarios utilizan fuerza laboral ilegal, de inmigrantes sin papeles, para asegurarse mayores ingresos. Una ley intenta frenar esta actividad y premia con la residencia en España a quienes lo denuncien Un grupo de africanos, oriundos de Mali, consigió la residencia para trabajar legalmente en España, después de haber denunciado a los dueños de la empresa en la que estaban empleados. Los inmigrantes fueron estafados, ya que sus empleadores les prometieron que les firmarían sus contratos si cada uno pagaba 300 euros.

Este es el primer caso que se registra en la Comunidad de Madrid en la que se aplica una ley, aprobada en julio del 2006, que permite este procedimiento.

A inicios del 2005, los 61 denunciantes fueron reclutados por la empresa Limpiezas Tajo, supuestamente dedicada a limpiar casas y oficinas. Sin embargo, fueron destinados a repartir publicidad. Luego, los empleadores les exigieron el dinero.

Aun así, los supuestos empresarios desaparecieron con el dinero, sin darles la remuneración, mucho menos los papeles de residentes para que pudiesen trabajar con normalidad. «En este caso, estos empresarios habían formado una red de estafa y trabajo ilegal. De no haber sido por estos inmigrantes, no habría sido posible descubrir las formas cómo actuaban», asegura Ana González, de Comisiones Obreras.

La vida de estos inmigrantes durante estos dos años, desde que fueron estafados, devino en luchar por su reivindicación, pero también en sobrevivir. Mientras se efectuaban los tramites judiciales, tuvieron que seguir trabajando en la ilegalidad.

El colectivo de malienses buscó ayuda en la Federación de Actividades Diversas y la Sección de Política de Igualdad de Comisiones Obreras (CCOO). Allí se les dio una asesoría jurídica. Al inicio, originalmente, fueron 40 los malienses que denunciaron el hecho, pero luego fueron aumentado hasta que los procesos se abrieron con 61 personas estafadas.

En total se iniciaron dos procesos, una querella y además una denuncia en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en contra de los empresarios Juan Alvarez Fornos, Mariano Jiménez Segovia y Rosa Tovar Martos, de Limpiezas Tajo. El primero ha seguido su avance normal, y aún no hay una sentencia. El segundo tomó un giro inesperado cuando el 4 de julio del 2006 se aprobó la «Instrucción sobre autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, por colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social». Con ese título tan puntual para una ley, el caso de los inmigrantes malienses fue el primero en tratarse.

Con una ley tan específica, los inmigrantes malienses, estafados por Limpiezas Tajo, lograron que se reconociera que habían colaborado en la denuncia de este fraude, y así se aplicó la ley, y en febrero de 2007 se otorgaron las cartas de residentes a los malienses.

Aun así, al ser el primer caso, no se tomaron en cuenta varias cosas. Por ejemplo, al extender las cartas de residencia, no se hacía constar que estas personas podrían trabajar libremente. Sólo hace tres semanas se logró que el texto de dichos documentos fueran redactados para que les fuera permitido.

Desde que denunciaron, los malienses han tenido que trabajar en la economía subterránea, sin contratos de trabajo, ni Seguridad Social. Muchos de ellos, incluso, al no haber completado ciertos requisitos, no obtuvieron sus papeles de residencia, y se inició el respectivo trámite para su deportación. Por eso, gran parte de ellos se fue de Madrid.

«La mayoría de ellos son francófonos, y eso a veces dificulta su integración. Ahora mismo, la mayoría está en otras ciudades de España, pero ya con el permiso de trabajo legal las cosas serán más fáciles», explica Ismael González, de la Federación de Actividades Diversas, que es la organización de CCOO que llevó el caso, y que pretende reactivar el juicio penal.

UNA LEY POCO DIFUNDIDA

La ley que promueve que los inmigrantes denuncien a sus empleadores que no les hacen contratos para evadir las responsabilidades laborales como el pago de la Seguridad Social fue aprobada en julio del 2006, pero tiene poca difusión. Lo que pretende esta norma es que se acabe la inmigración ilegal, fomentada porque algunos empresarios inescrupulosos suelen contratar esta clase de fuerza laboral, que está interesada en obtener un trabajo con rapidez. Además, por sus condiciones sociales y económicas, no exigen sus beneficios.

El gancho de la ley es que los denunciantes pueden obtener la residencia legal en España. Aun así, falta más divulgación para que pueda ser una verdadera arma contra la contratación ilegal de trabajadores sin papeles.

«Lo que quiere esta ley es proteger al trabajador inmigrante, sobre todo a los que son víctimas de estas estafas. Para nosotros, en Comisiones Obreras, nuestra lucha es por sus derechos y por eliminar la economía sumergida», anota Ana González, de CCOO.

Actualmente, según fuentes bien informadas, se ha abierto otro expediente en el que se ha pedido a las autoridades que se aplique esta ley. Este caso no tiene las mismas características que el de los malienses, pero se espera que con la jurisprudencia ya sentada, los procedimientos queden claros para las autoridades respectivas y sea más fácil el camino de la legalización para los trabajadores que colaboran con el Ministerio de Trabajo.