Todos los expertos coinciden en que el reglamento actual sobre el padrón no previó el boom inmigratorio y que ahora se encuentra desfasado. La única modificación ha sido la exigencia de que cada dos años los extranjeros no comunitarios renueven su empadronamiento. Este detalle supuso el año pasado dar de baja a 34.000 inmigrantes en Barcelona por haber vuelto a su país, emigrado a otro o estar empadronados en otro municipio sin haber causado baja. El Gobierno ha elaborado un anteproyecto de ley básica de la Administración Local que introduce la posibilidad de denegar el empadronamiento “cuando el número de personas inscritas en el mismo domicilio supere el máximo de capacidad de residentes por vivienda o unidad residencial previsto en las ordenanzas municipales”. También excluye la posibilidad de inscribir a los que no tienen domicilio. Sin embargo, hay pocas esperanzas de que prospere en esta legislatura.