El estudio “Justicia e Inmigración” del Consejo General de Procuradores destaca que en el ámbito penal se aproximan las cifras de inmigrantes denunciados y víctimas y que la mitad de las personas que solicitaron la justicia gratuita en este ámbito en 2006 fueron inmigrantes.

El informe, elaborado por la Universidad Complutense de Madrid, fue presentado ayer en las jornadas “Justicia e Inmigración” inauguradas por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí.

Fernández Bermejo opinó que los datos que aproximan el número de inmigrantes víctimas y denunciados ponen de manifiesto “la irresponsabilidad política y la enorme injusticia” que se cometió contra este grupo cuando se responsabilizó a los inmigrantes del ascenso de la criminalidad “en la década anterior”.

El ministro de Justicia destacó la incidencia de los inmigrantes en el mercado de trabajo y opinó que ahora se ubica el tema de la inmigración en el ámbito de los derechos de la ciudadanía y “en clave de solidaridad”.

Recordó la necesidad de distinguir entre la inmigración ilegal “para luchar contra ella” y la legal para regularla y reconducirla.

Por su parte, Consuelo Rumí explicó que la política del Gobierno se centra en la lucha contra la clandestinidad, la ordenación de la llegada de los inmigrantes según la demanda laboral y la promoción de su integración social para combatir la discriminación.

En este análisis de la inmigración en España, se apunta a que los cerca de 5 millones de inmigrantes que viven actualmente en España pueden convertirse en ocho millones en 2015, que podría significar el 16 por ciento de la población española en esa fecha.