Madrid- Que España se ha convertido en los últimos años en un polo de atracción para los inmigrantes que buscan establecerse en Europa no es un secreto. Pero si usted se pregunta cómo puede afectar esta situación a la estructura poblacional de España en un futuro cercano, aquí tiene una posible respuesta: en 2020 podrían haberse instalado en nuestro país casi diez millones de extranjeros, lo que supondría un 20 por ciento de la población total.
Este dato se incluye en el estudio «Justicia e Inmigración» que fue presentado ayer en unas jornadas con el mismo nombre organizadas por el Consejo General de Procuradores para buscar respuestas y soluciones jurídicas al fenómeno migratorio. El informe, elaborado por la Universidad Complutense de Madrid, refleja el espectacular crecimiento de la población foránea, que ha pasado de apenas 750.000 personas en 1999 a más de cuatro millones a finales de 2006 el 9,26 por ciento del total nacional. A esa cifra hay que añadir los inmigrantes irregulares, que la disparan por encima de los cinco millones.
Y todo indica que la tendencia seguirá al alza. Los autores del informe formulan dos hipótesis para 2020, una más conservadora que fija la población extranjera en 6.625.736 personas el 14,4% del total y otra que eleva esa cifra hasta los 9.588.945 inmigrantes, el 19,7% de los 48,5 millones de personas que en teoría vivirán en España dentro de 13 años.
El estudio revela la importancia de la colonia inmigrante en términos económicos y sociales. Así, dos de cada diez nacimientos corresponden a familias extranjeras, y en 2006 su consumo alcanzó los 35.000 millones de euros, el nueve por ciento del total nacional.
Las jornadas fueron inauguradas por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que no perdió la oportunidad de polemizar con otra de las invitadas, la concejal madrileña Ana Botella. En su intervención, la mujer de José María Aznar mostró su desacuerdo con la última regularización masiva y apeló a la «responsabilidad» de las Administraciones «para impedir otro efecto llamada». El ministro respondió denunciando la «injusta e irresponsable» identificación de inmigración y delincuencia «que se hizo a finales de los 90 para tapar el fracaso de las políticas de orden público», y defendió un modelo de regularización «que ahora estudian en Holanda o Alemania». «Vaya, no lo hicimos tan mal», señaló. Bermejo también consideró imprescindible «perseguir la inmigración ilegal y apoyar la legal».