Cuando Álvaro Marrero decidió venir a España lo fió todo al consejo de un amigo: “Aquí vas a tener muchas oportunidades”. Vive desde hace casi un año en Rentería, donde sigue esperando que le llegue al menos una oportunidad. Este venezolano de 33 años, casado y con dos hijos, es ingeniero técnico electromecánico, una cualificación profesional que no puede poner en práctica por carecer de papeles. Se dedica a hacer trabajos esporádicos muy mal remunerados. No le llega para mantener a la familia y por eso tiene que recurrir a las ayudas de emergencia social.

“He tocado muchas puertas. Todos quieren darme trabajo, pero no pueden saltarse las leyes”, afirma con resignación. Recibe una renta básica de 230 euros mensuales para costear una renta de 500 euros al mes por el alquiler del piso, además de unas becas para pagar el comedor escolar de los niños. “las ayudas son bienvenidas, porque alivian, pero yo necesito que me permitan trabajar. Nosotros no estamos acostumbrados a recibir dinero en nuestro país”, dice.

Es una de las aproximadamente 27.000 personas (la cifra varía todos los meses) que en Euskadi están cobrando la renta básica. De ellas, algo más de la cuarta parte son inmigrantes. En la comunidad autónoma hay censados unos 85.000 extranjeros, que representan el 4,7% de la población total.

De su país natal emigró a Colombia, donde trabajó como taxista. De allí fue a las Antillas Holandesas, y después recaló en Miranda de Ebro (Burgos), donde subsistía del salario que recibía su mujer, empleada interna en un hostal. Cuando llegó a Rentería, encontró la colaboración desinteresada de Cáritas y la Cruz Roja, que le facilitaron cobijo y ayuda para comer y algo de dinero para encontrar un puesto de trabajo.

Allí donde va, siempre recibe la negativa por respuesta: “Tengo algunas posibilidades de trabajo, pero me falta los papeles”. Por eso, se dedica a repartir tarjetas de visita, en las que pone: “Álvaro Marrero, técnico especialista. Se hacen reparaciones en casas”, seguido de su número de teléfono. “Algunos me llaman, pero el último mes no gané un duro. Eso me desespera y afecta a mi orgullo profesional. Hace unos días gané 35 euros en una casa y por reparar unas lámparas en un portal”, asegura.

Su esposa, que en Venezuela dejó sin acabar los estudios de Ingeniería de Minas y ahora los reanudará si supera las pruebas de acceso a la universidad, es la que lleva el jornal a casa. Trabaja como empleada del hogar. “Gracias a ella y a las ayudas sociales podemos subsistir a duras penas”, admite Marrero.

En una situación semejante se halla el ecuatoriano Ramón Hernández, de 54 años, padre de tres niños, residente en Hernani desde hace seis años y en situación regular. “Los doctores me prohibieron hacer trabajos esforzados porque sufro del corazón”, afirma. Cobra 221 euros al mes, la mitad de lo que paga por el alquiler de la vivienda. “No puedo trabajar y me fastidia estar de manos cruzadas todo el día”, asegura. Su mujer sostiene el peso económico de la familia, aunque de forma ocasional Ramón consigue contratos breves para trabajar cuidando enfermos por la noche.