Sin llegar al extremo de tener que colocar cámaras de seguridad en el interior de las salas de interrogatorios y cacheos, tal y como ha ocurrido en Cataluña, la actitud de determinados policías locales andaluces preocupa al Defensor del Pueblo. José Chamizo alerta en su informe anual de 2006, que ayer presentó a María del Mar Moreno, presidenta del Parlamento andaluz, que durante el año pasado ha contabilizado siete quejas de emigrantes donde se relatan presuntos abusos de poder. El grueso de este incremento, explicó Chamizo, se habría producido en los primeros cinco meses.

Los arrestos, según la versión que investiga el Defensor del Pueblo, tuvieron lugar tras simples comprobaciones de identidad y de los permisos de residencia. Sin embargo, acaban todos en denuncias por atentado contra la autoridad. La gravedad de la situación también la investiga el responsable de la Delegación del Gobierno, según indicó Chamizo.

El Defensor del Pueblo andaluz recibió en 2006 un total de 5.510 quejas, un 5% más que el año anterior. El urbanismo, la vivienda y las obras públicas aglutinaron el mayor número de reclamaciones, seguidas del personal del sector público, educación, medio ambiente y salud.

Las principales preocupaciones de los andaluces a la hora de pedir la intervención del Defensor del Pueblo fueron los asuntos relacionados con el apartado vivienda (409 quejas), urbanismo (260) y las obras públicas (59), que en conjunto aportan 728 reclamaciones. Los motivos están esencialmente centrados en la planificación territorial, la presión urbanística y la demanda de viviendas dignas y a precio más asequible.

Estos son, al menos, los argumentos que esgrimió ayer Chamizo quien indicó: «El nivel de construcción y la especulación están impidiendo un planeamiento urbanístico público» a la vez que llamó la atención sobre la inquietud de organizaciones y ciudadanos por el impacto en los espacios protegidos.

Mayor acceso

Criticó, asimismo, que los planes de ordenación urbana no estén publicados en Internet para el acceso de los ciudadanos y alertó de que las quejas ponen en evidencia la percepción del peligro de que la presión urbanística del litoral se está trasladando al interior. «Se necesita una planificación territorial y urbanística consensuada, política y socialmente, más viviendas de protección pública y que las que salen al mercado a precio libre sean asequibles para las clase media», advirtió. El informe recoge, además, 690 quejas sobre el personal del sector público; 609 en educación; 480 en medio ambiente; 430 en salud; 342 en prisiones y otras 321 relacionadas con los menores.

Chamizo destacó igualmente las 245 reclamaciones relacionadas con los inmigrantes – entre las que se encuentran las relacionadas con agentes de la policía local – fundamentalmente vinculadas a los visados o permisos de residencias. Las de salud se centran en la falta de acomodo de los enfermos mentales y toxicómanos con problemas de conducta en el sistema público, así como en la atención temprana dirigida a los niños con discapacidad.

El Defensor opina que no se acaba de aplicar un modelo de intervención, mientras en Educación uno de los grandes problemas, junto a la escolarización en la provincia de Sevilla, es el fracaso escolar, un asunto sobre el que exigió medidas e imaginación a la administración andaluza y los profesionales.

Cárceles

En cuanto a las reclamaciones sobre las cárceles, relacionadas con los traslados, indultos o malos tratos a los presos, el Defensor del Pueblo lamentó que a algunas de estas situaciones se sumen problemas en la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios, algo a erradicar.

El balance de gestión refleja, asimismo, que el Defensor del Pueblo andaluz inició el año pasado unas 259 quejas de oficio sobre todo, en materia de trabajo (accidentes laborales), menores de edad (situaciones de riesgo) y asuntos relativos a la vivienda y el urbanismo.