Jorge Andrés Quiceno llegó a Bilbao en 1993. Tenía 17 años y dejaba atrás su vida en la pequeña ciudad colombiana de Pereira. Fue uno de los primeros inmigrantes latinoamericanos que llegaban a España en una época en la que conseguir legalizar su situación «era casi imposible». Se afincó en la capital vizcaína porque aquí ya estaban su madre y su hermana. Catorce años después, sigue sin tener papeles pese a contar con una sentencia judicial que obliga al Ministerio de Administraciones Públicas a expedirle una tarjeta de residencia.

Tras intentar sin éxito su legalización en las regularizaciones emprendidas por el Gobierno en 1998 y 2001, Jorge lo intentó de nuevo en 2005. Cumplía el principal requisito, tener una oferta de trabajo en firme. Contra todo pronóstico, su solicitud fue denegada. «Alegaban que yo era un antisocial porque tenía antecedentes», reconoce el joven que «nunca ha ocultado» que en una época de su vida «se juntó con quien no debía». No obstante, «los delitos no son penales, sino de carácter civil» y, además «fui absuelto de todas las acusaciones».

Convencido de llevar razón, Quiceno contrató a un abogado que denunció a la Administración por vulnerar su derechos. En diciembre de 2005, el Juzgado número 4 de lo Contencioso Administrativo de Bilbao le dio la razón. La institución central apeló la sentencia en el Supremo, por lo que Jorge pidió ejecución de sentencia. «No podía esperar hasta que el Alto Tribunal decidiese, porque perdía la oferta de trabajo y seguía ilegalmente en España». Nuevamente, el magistrado le dio la razón. De nada sirvió, porque el afectado siguió sin la tarjeta y además, «la empresa que me daba trabajo se cansó de esperar, como es normal».

En Internet

Primero supeditaban la entrega del permiso a su aparición en un listado de Internet. Cuando por fin constó en la Red, hace pocas semanas, acudió «inmediatamente a la Policía» pero allí le dijeron «que no estaba en sus registros y que no me lo daban. Siempre hay algún problema», se duele el colombiano. Hace unos días, una nueva llamada oficial le avisaba de que «ya estaba todo solucionado». Otra desilusión. «La orden de expedición del permiso es de abril de 2006 y como es por un año, no me lo pueden dar porque ya está caducado», relata Jorge Andrés. El problema es «que tampoco me pueden renovar porque para eso tendría que haber cotizado a la Seguridad Social, pero claro, no lo he hecho porque no podía trabajar porque no tenía tarjeta de residencia… es una locura», se lamenta desesperanzado.

Así que pese a haber logrado el compromiso de un nuevo empresario de darle trabajo, Quiceno sigue como al principio: sin trabajo, sin papeles. «Me dicen que tenga paciencia y que el problema ahora es que mi caso es único y no saben cómo resolverlo. Su paciencia es mi impaciencia. Ya no puedo más. Mi mujer tiene dos trabajos, y yo ninguno. Debemos el alquiler de varios meses, préstamos a amigos y no puedo ni ir a mi país para ver a mi abuelo y a mi padre», enumera desolado este colombiano que «sólo» pide «poder trabajar».