El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, recomienda al Gobierno que estudie “vías” que hagan posible que los subsaharianos que residen en España irregularmente y que tienen una orden de expulsión puedan incorporarse al mercado laboral “regular” y asegurarse así unas condiciones de vida “dignas”.

Para esta Institución, las órdenes de expulsión que dicta la Administración contra estas personas “impiden su regularización y su subsistencia” y favorecen “su exclusión social y explotación laboral”.

El informe recuerda que en junio de 2006, el Pleno del Senado, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, aprobó una moción que instaba al Gobierno a “dar una solución” a los inmigrantes indocumentados que viven en España, que no pudieron acogerse al proceso de normalización del año anterior.

La moción, precisa el informe, insta al Gobierno a evaluar de manera individual la situación de estos inmigrantes, a “estudiar otras posibilidades de concesión de autorizaciones de residencia y trabajo con carácter extraordinario”.

Según el Defensor del Pueblo, esta moción “coincide plenamente” con su criterio, por lo que “celebraría” que el Gobierno escuchara la propuesta del Senado y estableciera un régimen que facilitase el acceso al empleo de estos subsaharianos.

Cayucos a Canarias

También hace referencia a la “constante llegada de cayucos” a Canarias durante el 2006, con inmigrantes que arriban “en condiciones dramáticas, huyendo del hambre, la miseria y, no pocas veces, de países en conflicto”. El “recrudecimiento de las entradas masivas” ha obligado a las autoridades del Archipiélago a adoptar medidas de urgencia y a habilitar recintos para acoger a estas personas y gestionar su repatriación.

Sin embargo, en algunos casos, “las medidas adoptadas no han conseguido el resultado pretendido”. Ad-vierte de que hay “una falla en el sistema de protección de menores que debe considerarse grave”, ya que se ha constatado que “pese a la apariencia de minoría de edad de algunos extranjeros indocumentados llegados a Canarias”, se les ha tratado “como adultos” y, sin hacerles pruebas para determinar su edad, se iniciaron los procedimientos de expulsión.