gasteiz. “No hay ninguna actuación irregular por parte de la Diputación de Bizkaia”. Es la opinión de la Fiscalía de Menores sobre la investigación abierta contra la institución foral, acusada de enviar menores inmigrantes no acompañados de los servicios de acogida vascos a los de Oviedo. Una denuncia que ha sido archivada, según trasladó a este periódico la fiscal-jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, María Ángeles Montes.

Tras investigar la causa por orden de la Fiscalía de Menores de Asturias, sus colegas del tribunal de Bizkaia consideran que “no está acreditado ni que desviaran los menores a ningún centro de Oviedo ni que les compraran el billete de autobús”.

Más bien al contrario, la fiscal-jefe aprovechó para alabar el trabajo de la Diputación vizcaina en su labor de atención a los mejores extranjeros. “El trato que reciben los menores en Bizkaia es fuera de lo normal y, además, esta comunidad es la que más menores inmigrantes acoge de todo el Estado”, defendió Montes.

tesis de diputación De esta manera, la Fiscalía de Menores de Bizkaia confirma la posición de la Diputación que, en cuanto salió a la luz de la acusación, salió al paso afirmando que ni practica el envío de inmigrantes a otras comunidades ni lo tolera. De hecho, el Departamento foral de Acción Social, liderado por el diputado Juan María Aburto, ya se quejó anteriormente de que “aquí llegaron cinco subsaharianos de Madrid con pruebas que constataban que, efectivamente, su viaje había sido pagado por una institución”.

Asimismo, lamentó la judicialización de la acusación lanzada por Asturias. “Si lleváramos cada caso al juez, se colapsarían los servicios”, consideran desde la Diputación.

La explicación que, en su día, aportó la institución foral vizcaina tiene que ver con la ayuda de diez euros por semana que los tutores dan a los chavales extranjeros en los centros de acogida. “No podemos controlar lo que hacen con esa paga”, subrayan desde Acción Social. `

Una tesis que también avala la Fiscalía de Bizkaia que, en la misma línea, entiende que no puede controlar “el uso que dan los menores a ese dinero”.