La inmigración es el fenómeno social y económico más importante de la última década. Ha transformado nuestras ciudades, escuelas y centros de trabajo. Está teniendo un impacto importante en términos demográficos, hasta el punto de transformar todas las proyecciones realizadas. Incide en las formas de utilizar el espacio público, tiene un impacto importante en las formas de movilidad y el incremento del uso del transporte público. Aporta una mayor diversidad cultural a la ya diversa sociedad catalana. Ha generado cambios en el uso de las lenguas y comporta un nuevo reto para el uso social del catalán. Ha cambiado radicalmente el mapa religioso de la sociedad, con una presencia cada vez mayor de distintas religiones. Sin la inmigración es imposible entender el crecimiento económico de los últimos años. Sin la aportación de los profesionales inmigrantes, nuestros centros sanitarios estarían todavía más colapsados. Algunos sectores empresariales han utilizado la inmigración como gran mecanismo de desregulación de las relaciones laborales y de precariedad en el trabajo, sin los que no se explica el espectacular crecimiento de los beneficios empresariales.

TODO ESTO y mucho más ha pasado en pocos años. Llegar al 13% de población inmigrante – – y en algunos barrios y pueblos a niveles superiores al 30% – – en un periodo tanto corto de tiempo debía tener sus consecuencias. No todas positivas. Y más si se trata de personas que, con independencia de su nivel formativo, son utilizadas para ocupar los peores niveles del mercado de trabajo, con los salarios más bajos y las condiciones laborales más duras. Una inmigración precarizada ha provocado la reaparición de realidades muy frecuentes en Catalunya en los años 60, pero que la sociedad, con muchos esfuerzos, había logrado erradicar. Los denominados pisos pateras son la versión actual de los pisos de 30 m2 para familias de 6 o 10 personas, en los que viví en mi infancia en la Barceloneta. La vuelta a la ocupación de la calle como espacio de ocio para niños y adolescentes, en algunos casos con problemas de convivencia. La formación de bandas en la que buscar una identidad refugio ante la inseguridad que genera la precariedad de todo tipo. Son solo algunos de los muchos ejemplos que podrían ponerse para explicar las consecuencias de un modelo perverso de inmigración gobernado exclusivamente por las necesidades del mercado y la economía.
Es un reto que podamos encarar y que lo estamos haciendo no sin dificultades, pero del que podemos salir bien parados, porque la sociedad catalana tiene experiencia y bagaje histórico acumulado. Y tal como me recordaba un ciudadano catalán, inmigrante de la penúltima hornada, ahora tenemos las ventajas de contar con más servicios públicos, con una mejor red social de acogida y una sociedad más estructurada. Lo podemos hacer a condición de que entendamos que una sociedad no puede crecer cerca de un millón de personas, muchas jóvenes y con hijos, con necesidades educativas y de servicios importantes, sin que en paralelo crezcan los recursos dirigidos a protección social y sin que esto provoque tensiones sociales. Especialmente si los mecanismos para repartir beneficios y costes son injustos, como lo es la sociedad de acogida. Unos – – los menos – – se llevan la mayor parte del beneficio que aporta la inmigración. Y los costes acaban incidiendo en sectores sociales muy concretos. Como siempre, la penúltima inmigración acaba viviendo con mucha más intensidad los problemas de convivencia con la última inmigración.
Es normal, pues, que la inmigración esté presente en la campaña electoral. Lo lamentable es que sea utilizada de forma partidaria y muy peligrosa para ganar votos. Sobre todo si se comete la indignidad de vincular inmigración con delincuencia o carencia de seguridad. Ha llegado la hora de decir que el incremento de la gran delincuencia organizada está siendo impulsado por una globalización sin reglas, donde el secreto bancario y los paraísos fiscales permiten a las mafias manejar el dinero negro y criminal de todo el mundo por los mismos canales en los que circula el dinero limpio, aunque cada vez se distinguen menos. Es necesario decir que la facilidad para la especulación urbanística tiene un efecto llamada para el aterrizaje en España de las inversiones de los grupos criminales organizados.

ES INDIGNO que sean los mismos poderosos y sus representantes políticos los que se aprovechan de la inmigración ilegal, se niegan a dotar de mayores recursos fiscales a las políticas de protección social e incluso utilizan para sus transacciones el secreto bancario y los paraísos fiscales, los mismos que ahora en campaña electoral utilizan la inmigración y la seguridad como elementos de recogida de votos entre los sectores sociales víctimas de las políticas que ellos nos imponen.
No somos ni ingenuos ni políticamente correctos y sí conscientes de las dificultades reales. Pero no estamos dispuestos a que se destroce la labor que muchas entidades sociales estamos haciendo día a día para contribuir desde los centros de trabajo, las escuelas y los barrios a la integración de los últimos inmigrantes y a construir una sociedad cohesionada. No nos lo podemos permitir.