Los 35.263.968 ciudadanos que hoy están llamados a acudir a las urnas disponen de una poderosa e intransferible herramienta para determinar la composición y orientar la gestión en los próximos cuatro años de más de 8.000 ayuntamientos, varias diputaciones y 13 comunidades autónomas. Ése es el objetivo trascendental, antes que cualquier otro, que se dilucida en la jornada de hoy, en la que volverá a perfilarse la realidad cotidiana de un país que, tras haber restituido los principios del Estado de Derecho, afronta en cada nueva cita con las urnas el reforzamiento de su democracia y de la descentralización del entramado institucional.

El aparente desapego con que los votantes escépticos, indecisos o sin una inclinación ideológica incondicional han respondido ante la maquinaria electoral pondrá a prueba hoy tanto el arraigo de la participación ciudadana en el asentamiento de nuestro sistema democrático, como la habilidad de las formaciones políticas para retener los apoyos ya conseguidos y, sobre todo, persuadir a los que les son ajenos. La concurrencia a las urnas medirá el éxito o el fracaso de las nuevas fórmulas con que los partidos, amparándose en los avances tecnológicos, han intentado inocular su mensaje y atraerse de manera significativa a los 1,7 millones de jóvenes que se estrenan en el ejercicio del sufragio. Esos nuevos electores, unidos a los votantes de origen extranjero – cuya cifra se ha duplicado con respecto a 2003 – , dibujan una realidad social cambiante con demandas específicas que conciernen directamente a la gestión municipal, como el acceso más asequible a la vivienda, la garantía de espacios culturales y de ocio o la apuesta por modos alternativos para la participación política.

Resulta inevitable que el escrutinio de esta noche se extrapole a la contienda que se librará en las próximas elecciones generales. Pero resultaría perjudicial para la propia dinámica democrática que ese horizonte de confrontación partidista que se ha ido ensayando ya en los últimos meses contaminara el significado original de la elección de alcaldes, concejales, diputados provinciales y consejeros autonómicos.

Las distintas formaciones están obligadas a garantizar la limpieza y normalidad de la jornada de hoy, en la que el conjunto de las administraciones públicas han de actuar con diligencia y la debida prevención para preservar el ejercicio libre del voto. Esta exigencia es perentoria en el País Vasco, donde la izquierda radical ha protagonizado una intolerable campaña de acoso y amedrentamiento.