No hay impunidad. Incluso los menores de edad que cometen un delito menor – a veces la acción sólo llega a ser calificada de falta si es una pelea o un pequeño hurto – pagan por ello. No van a la cárcel si tienen menos de 18 años y en muchos casos ni siquiera ingresan en un internado, pero tampoco se van a casa indemnes. O piden perdón a la víctima tras un procedimiento de mediación o tienen que realizar trabajos sociales en beneficio de la comunidad. Son posibilidades que abre la Ley del Menor.

En torno a 70 jóvenes alaveses entre 14 y 18 años realizan cada año este tipo de trabajos comunitarios como forma de cumplir la pena impuesta por los jueces. Para ello ayudan a una veintena de entidades colaboradoras de la Justicia en la realización de distintas tareas. Empujar una silla de ruedas o echar una mano a los discapacitados en sus actividades de ocio es lo que hacen quienes acuden a las instalaciones del club Zuzenak y de su fundación. Este colectivo acoge a casi una tercera parte de los menores que se benefician en Álava de este programa. «En los últimos tiempos, la mayoría son inmigrantes», explica su coordinador, Alfredo Goikolea.

Cáritas es otra de las entidades de referencia. Los chavales que cumplen ahí su pena alternativa participan en los trabajos de limpieza, clasificación y reciclaje de prendas de vestir. Alguna residencia de ancianos de la provincia, la Sociedad Protectora de Animales, la asociación de padres Denon Eskola, la Fundación Estadio, Gao Lacho Drom o la Comisión anti – sida son otras opciones. «Estos colectivos realizan una labor importante, que merece un reconocimiento social», explica Xabier Etxeberria, director de Ejecución Penal en el Departamento de Justicia del Gobierno vasco.

Del seguimiento de los menores se encarga un grupo de cinco monitores – el equipo de ‘medio abierto’ – , vinculados al Instituto de Reinserción Social de Euskadi (IRSE). «Es muy importante individualizar el tratamiento, elegir bien a dónde mandar al chaval en función de su perfil, del delito que cometió y de sus posibilidades», detalla el responsable del servicio de Justicia Juvenil del Ejecutivo autónomo.

Los 67 menores alaveses que realizaron trabajos sociales el pasado año duplican la cifra de 2001, cuando se extendió este tipo de programas, pero quedan por debajo de los 79 que se llegaron a alcanzar en 2005.

Más restricciones

El pasado año hubiera sido normal acercarse a los 90 casos pero la huelga de los juzgados en el último trimestre ralentizó los juicios y las sentencias. «Ahora comienza recuperarse el ritmo», explica el director de Ejecución Penal, «pero la tendencia quizá apunta ya hacia la estabilidad».

En opinión del Ejecutivo autónomo, la última reforma de la Ley del Menor, aprobada el pasado mes de febrero, es «más restrictiva y, desgraciadamente, es muy posible que impulse de nuevo los internamientos más que las medidas abiertas», señala Etxeberria. A su juicio, «no cabe hablar en niguna manera de fracaso» de este tipo de política y atribuye el «endurecimiento» a la presión social «tras tres o cuatro casos delictivos aparatosos y llamativos, protagonizados por menores, pero excepcionales, que sólo fueron una ínfima parte del total de situaciones».

De manera paralela a estas tareas de reinserción, otros 64 menores eludieron el año pasado el cumplimiento de su condena tras someterse a una mediación, pedir perdón a la víctimas por el daño causado y comprometerse a reparar su mal.

l.mondragon@diario – elcorreo.com