La inmigración ha vuelto a ser objeto del fuego cruzado entre los partidos políticos. El primero en disparar su munición fue el Partido Popular de Badalona, que difundió un vídeo en el que se vincula indirectamente la presencia de extranjeros en situación irregular con el aumento de la delincuencia en las ciudades. El montaje fue tildado de “xenófobo” por otras formaciones y por diversas entidades. Entre ellas, las asociaciones de inmigrantes, que plantaron en el campo de batalla una vieja reivindicación: la posibilidad de que los inmigrantes con permiso de trabajo y residencia en España puedan votar. Al menos, en los comicios de ámbito local, los que más afectan a su vida cotidiana.

PSC, Esquerra e Iniciativa apoyan la propuesta, que topa con el rechazo de los grupos de la oposición, CiU y PP. El secretario general de la federación nacionalista, Josep Antoni Duran Lleida, defendió incluso la aplicación de “criterios más restrictivos” a la hora de permitir la reagrupación familiar. En el fondo de las declaraciones y contradeclaraciones descansa la eterna pregunta: ¿Cuál es el modelo adecuado para integrar a los inmigrantes, que en Cataluña superan ya el millón de personas?

En el caso de Barcelona, los alcaldables coinciden al menos en una afirmación: la necesidad de invertir más recursos en servicios sociales y de crear nuevos equipamientos. El objetivo es dar respuesta a las necesidades de los recién llegados, sin que a su vez merme la calidad de los servicios que recibe la población autóctona. En sus programas electorales, las formaciones han puesto el acento en la llamada “red de primera acogida”. Se trata de las iniciativas que, impulsadas en buena medida por el tejido asociativo, se ponen a disposición del inmigrante para facilitarle un aterrizaje algo más cómodo en suelo catalán. Por ejemplo, el asesoramiento en materia laboral o legal, o la realización de cursos para conocer el idioma.

Unos 250.000 extranjeros residen actualmente en Barcelona, de los que la gran mayoría (unos 180.000) son de origen extracomunitario. Son los últimos datos del padrón municipal, actualizados a 1 de enero de 2007. La cifra supone un ligero descenso – de unas 10.000 personas – respecto al padrón de 2006. La razón es que, ante la carestía de vivienda, muchos inmigrantes han optado por trasladarse a municipios de la segunda corona del área metropolitana de Barcelona.

La comunidad más numerosa en Barcelona es la ecuatoriana, seguida de la boliviana – la que más creció en 2006 – y de la peruana. En la clasificación global de Cataluña, las posiciones varían: los más numerosos son los marroquíes, seguidos de los ecuatorianos y los rumanos.

Los partidos coinciden en que debería haber un gran acuerdo político y social para afrontar el fenómeno de la inmigración. Pero discrepan sobre cómo lograrlo. Así, tanto CiU como PP proponen la creación de un área específica sobre inmigración, que en caso de los convergentes se llamaría “de Integración y Derechos Civiles”. También existen discrepancias a la hora de abordar la habilitación de oratorios islámicos, una demanda urgente de la comunidad musulmana afincada en Cataluña. ERC propone, en este sentido, reservar espacio para instalar 10 equipamientos “multirreligiosos”.