La juez de la Audiencia Nacional que investiga la oleada de inmigrantes en Ceuta ha dictado un auto en el que impulsa una nueva tanda de diligencias para aclarar lo ocurrido. La magistrada María Tardón cita a declarar a tres consejeros de la Ciudad Autónoma, a sendos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil y a tres policías que estuvieron presentes en la frontera durante los hechos del 30 y 31 de julio.

El martes 27 de octubre deberán comparecer tres consejeros señalados por el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, ante la juez por su presencia en las zonas afectadas o por su participación en la gestión de la crisis. Se trata de los responsables de Presidencia (Alberto Ramón Gaitán Rodríguez) y de Sanidad y Servicios Sociales (Nabila Benzina Pavón), además del y el vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda (Alejandro Ramírez Magaña).

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Sus declaraciones buscan determinar la información disponible en cada nivel de responsabilidad institucional, la fecha en que dicha información fue conocida, las comunicaciones mantenidas entre las distintas autoridades y las decisiones finalmente adoptadas".

Un día antes los citados ante la juez son en entoces inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía y el teniente coronel del Guardia Civil jefe de Operaciones de la Comandancia de Ceuta. Los convoca a la vista de la información ofrecida por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) y de un fotograma “por el que se identifica a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han sido testigos de los hechos objeto de la presente instrucción”. Tres de ellos, policías nacionales un inspector y dos subinspectores están citados el día 28.

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Además, y también a propuesta de la Fiscalía de la Audiencia, la instructora reclama nueva documentación a diferentes instancias, en particular al Ejército, a Interior y a la Ciudad Autónoma. “La documentación interesada resulta particularmente relevante para determinar la existencia de avisos previos, la circulación interna de información, las solicitudes de refuerzo efectuadas, las decisiones adoptadas por las distintas autoridades y la efectiva recepción de los informes mencionados en las declaraciones practicadas”, indica la juez.

Tardón requiere a la Ciudad y a la Delegación del Gobierno todos los documentos de las reuniones que mantuvieron los días 27, 28 y 30 de julio. El auto recuerda que según los testimonios ya prestados en la causa, en los encuentros se alertó de la gravedad de la situación y se pidieron medidas extraordinarias.

Además, pide que se localice a un tal Ahmed, mencionado por el entonces jefe de Gabinete del delegado del Gobierno como una persona que había avisado de movimientos inusuales en Castillejos y de concentraciones de personas en territorio marroquí. Gonzalo Sanz lo describió como un interlocutor «constante y fiable» de la Comandancia de la Guardia Civil. La jueza pide a la Guardia Civil y a la Policía que lo identifiquen, así como a los agentes que hablaron con él, para citarlos como testigos.

La instructora se dirige también al Jefe del Estado Mayor de la Defensa y le reclama, a la vista de los documentos que el Consejo de Ministros desclasificó el 8 de septiembre: todos los informes de inteligencia y seguridad de la Comandancia del Ejército de Tierra en Ceuta; los informes de inteligencia del grupo de seguimiento de Marruecos del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS); más imágenes satelitales de la frontera de Ceuta y la interceptación del programa Santiago inteligencia y guerra electrónica sobre la frontera de Ceuta en esas fechas.

La solicitud incluye “el informe original del REW 32” que se mencionaba en los documentos desclasificados por el Gobierno. Además, el Regimiento 32 de Guerra Electrónica del Ejército de Tierra REW 32 emitió un aviso previo sobre “dos interceptaciones de interés en idiomas árabe y francés” a agentes fronterizos marroquíes que revelaban que ya el día 27 contemplaban “una posible entrada masiva a Ceuta”.

La información reclamada al Ejército debería aportar datos sobre la presencia del buque insignia de la Armada marroquí en aguas de Ceuta durante la oleada migratoria, un episodio del que el Gobierno no quiso desvelar datos.