La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, encargada de la instrucción de la causa en la que se investiga la entrada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio ha acordado una nueva batería de diligencias. La jueza ha fijado las citaciones como testigos de tres consejeros del Gobierno ceutí y de varios mandos policiales, al tiempo que ha ordenado la identificación del confidente marroquí que, según dijo el jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, durante su declaración en sede judicial, alertó a la Guardia Civil sobre movimientos sospechosos antes de la crisis fronteriza.

En un auto dictado el pasado 16 de octubre, Tardón ha fijado un calendario de declaraciones testificales para finales de este mes. El 26 de octubre están citados el exinspector jefe de la Policía Nacional, y el teniente coronel jefe de Operaciones de la Guardia Civil de Ceuta. Un día después, el 27 de octubre, comparecerán los tres miembros del Gobierno autonómico identificados por el presidente Juan Jesús Vivas durante su declaración ante la mafistrada instructora —los consejeros Alberto Ramón Gaitán (Presidencia), Nabila Benzina (Sanidad y Servicios Sociales) y Alejandro Ramírez (Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos). El 28 de octubre continuará la lista de testigos con tres agente de la Policía Nacional que estuvieron presentes en la zona durante los hechos.

La magistrada ha puesto, además, el foco en la información que manejaban las Fuerzas Armadas antes y durante la crisis fronteriza que supuso la entrada de cerca de 80.000 migrantes desde Marruecos. Para ello, ha requerido al Estado Mayor de la Defensa y al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) la entrega de todos los informes generados por el grupo de seguimiento de Marruecos, las interceptaciones del programa Santiago, la desclasificación del informe original REW 32 y la ampliación del rastreo satelital sobre la frontera de la ciudad autónoma entre el 15 de julio y el 7 de agosto. Asimismo, ha exigido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Autoridad Portuaria y el Ejército la remisión de todas las grabaciones de cámaras de videovigilancia y drones disponibles desde el inicio del salto masivo.

Otra de las diligencias ordenadas por la jueza de la Audiencia Nacional, también con el objetivo de determinar qué información circuló entre los responsables políticos en las horas previas al salto masivo, es la exigencia, tanto al Gobierno de Vivas como a la Delegación del Gobierno la entrega de «todas las actas, borradores, correos y notas preparatorias de las reuniones celebradas los días 27 y 28, así como el propio día 30», con el objetivo de verificar las advertencias transmitidas sobre la gravedad de la situación. Asimismo, ha pedido que se identifique al confidente marroquí cuyo nombre dio el delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, durante su declaración. Esta personas, residente, supuestamente residente de Benzú, habría dado información sobre movimientos extraños que se estaban produciendo en la frontera con Marruecos. «Habría proporcionado información previa sobre movimientos inusuales en Castillejos, concentraciones de personas y otras circunstancias observadas en territorio marroquí antes del inicio de los acontecimientos», señala el auto emitido por la magistrada. También pide que se determine quienes fueron los agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional con quienes hubiese contactado para, posteriormente, poder citarles a declarar como testigos.

Por último, la instructora busca evaluar las consecuencias reales de la crisis migratoria tras constatar que ha transcurrido un amplio periodo «sin que hasta el momento se hayan aportado cifras concretas» sobre la dimensión de lo ocurrido. Por ello, ha requerido al Ministerio del Interior, la Policía, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo datos precisos sobre devoluciones, rescates o fallecimientos, al tiempo que ha exigido a la Ciudad Autónoma, a la Cámara de Comercio y a la patronal empresarial informes sobre los daños económicos y la «afectación producida en los servicios públicos esenciales, en los ámbitos de seguridad ciudadana, servicios sociales, educación, sanidad, economía e infraestructuras públicas».