La candidatura de Xavier Garcia Albiol liderando la lista del PP por Barcelona en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha abierto un nuevo frente de controversia política en Badalona (Barcelonès Nord). Los grupos de la oposición han cuestionado su compromiso con la ciudad y le han reclamado explicaciones sobre cómo piensa compaginar la campaña electoral con las responsabilidades al frente del Ayuntamiento. El alcalde, por su parte, asegura que seguirá ejerciendo el cargo y defendió que su paso a la política estatal le permitirá llevar las reivindicaciones de Badalona al Congreso de los Diputados.

El PSC ha ido más allá y ha pedido a Albiol que nombre a un alcalde o alcaldesa accidental hasta el 29 de noviembre para garantizar el funcionamiento ordinario del gobierno municipal y la atención a la ciudadanía. El presidente del grupo municipal socialista, Fernando Carrera, ha instado al alcalde a esclarecer sus planes de futuro ya explicar qué consecuencias tendrá la candidatura para la continuidad del ejecutivo local.

Los socialistas también han recordado que los estatutos del PP no permiten compatibilizar un acta de diputado en el Congreso con la alcaldía de un municipio de más de 20.000 habitantes. Para el PSC, Badalona necesita un alcalde con plena dedicación y una dirección política clara, especialmente en un momento en el que la candidatura de Albiol abre interrogantes sobre su continuidad institucional.

Desde ERC, Alex Montornès ha criticado el discurso del badalonismo que reivindica el alcalde y ha acusado al PP de utilizar la ciudad como instrumento político. En un mensaje en las redes sociales, Montornès ha comparado este relato con “un escenario de cartón piedra” y ha defendido que Badalona merece un alcalde que se dedique plenamente a la ciudad. “Es urgente y necesario”, ha afirmado, recordando que ser diputado implica trabajo, compromiso y dedicación.

Los Comuns han centrado sus críticas en la vivienda y en el protagonismo que el PP quiere dar a Albiol en la defensa de su ley contra la ocupación ilegal. La candidata de la formación en Badalona, Aïda Llauradó, ha denunciado lo que considera una contradicción entre el discurso del alcalde sobre las ocupaciones y la falta de medidas municipales para proteger a las familias vulnerables ante los desahucios.

Llauradó ha señalado que la ocupación afecta, según los datos que defiende la formación, el 0,05% de las viviendas del Estado, y ha acusado a Albiol de convertir esta cuestión en una bandera política mientras, según los Comuns, el gobierno municipal no actúa lo suficiente ante la crisis residencial. La candidata ha criticado la oposición del PP a la contención de los alquileres, la falta de medidas para movilizar a los aproximadamente 8.000 pisos vacíos que la formación sitúa en Badalona y la proliferación de alojamientos turísticos sin licencia.

Como alternativa, los Comuns han defendido medidas como los alquileres indefinidos, la movilización de viviendas vacías de grandes tenedores, la prohibición de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa residencial y más restricciones en los pisos turísticos. Llauradó ha sostenido que la falta de políticas de vivienda favorece la exclusión residencial y ha rechazado que la respuesta a esta problemática se limite a medidas punitivas contra el empleo.

Ante las críticas, Albiol ha asegurado que su candidatura no afectará a la dedicación a Badalona. En el mensaje con el que ha anunciado que encabezará la lista popular por Barcelona, ha afirmado que seguirá siendo alcalde y que la ciudad es “el proyecto de mi vida”. Según dijo, asumir esta nueva responsabilidad “no me hará perder ni un solo minuto” de su compromiso municipal, sino que lo reforzará.

El alcalde ha justificado el paso al Congreso con la voluntad de llevar los problemas que, a su juicio, afectan directamente a los vecinos de Badalona y del resto de Catalunya. Entre sus prioridades ha situado la lucha contra la ocupación ilegal, el freno a la inmigración irregular y la respuesta a la multirreincidencia delictiva.

Albiol insiste en que la ocupación ilegal es un delito y no un problema de vivienda, aunque reconoció que el acceso a una vivienda, especialmente para los jóvenes, constituye una necesidad real. También defendió la expulsión de las personas extranjeras que delinquen y reclamó que los multirreincidentes españoles ingresen en prisión.