Ceuta lleva 20 días convertida en el arma arrojadiza del Partido Popular contra el Gobierno. Primero, por la falta de prevención ante la entrada multitudinaria, el pasado 30 de julio, de más de 70.000 personas a través de la costa de El Tarajal. Segundo, por la gestión de la crisis, con, por lo menos, 5.000 personas —entre 8.000 y 11.000, según el ejecutivo autonómico— todavía en suelo ceutí. Tercero, por la falta de datos claros y completos sobre la situación de la ciudad. Cuarto, por el “abandono” institucional del Gobierno (y del presidente) en medio del paréntesis del verano. Quinto y último, por el inminente traslado y acogida de los miles de menores no acompañados —2.168 niños y adolescentes, según el último dato oficial— a la península.

Los menores han acabado, una vez más, en el centro de la batalla política. España debe devolver a “todas” las personas que han entrado irregularmente en Ceuta, “menores o adultas”. Este es el mensaje que la plana mayor del PP ha convertido en leitmotiv de su retahíla de críticas al Gobierno. Desde su presidente, Alberto Núñez Feijóo, pasando por su secretario general, Miguel Tellado, hasta el propio mandatario ceutí, Juan Jesús Vivas. Pero repetir algo mil veces no lo hace cierto. Y es que lo que propone el Partido Popular va directamente en contra de la legalidad (española e internacional). Sin ir más lejos, por la protección específica con la que los envuelve la Ley de Extranjería (artículo 35) y su normativa adicional.

No es la primera vez que el PP se revuelve contra los derechos de los menores migrantes. Hace ya más de un año, en abril de 2025, que el Congreso dio luz verde —con el no de PP y Vox— al reparto obligatorio de menores cuando una región se declare en situación de “contingencia migratoria extraordinaria”. Dejando de lado los tecnicismos: cuando esté sobresaturada. Un estado que han atravesado, por ahora, tres territorios: Canarias, Ceuta y Melilla. Desde entonces, se han tramitado, según confirman a Público fuentes de Infancia, más de 2.000 expedientes de traslado. La gran mayoría de estos menores, añaden desde el ministerio, ya habrían sido reubicados.

El rechazo de los populares ha vuelto a cobrar protagonismo en la antesala de una nueva reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia (CSIA), que se celebrará el próximo jueves 27 agosto. Una cita de la que se ausentarán los consejeros de tres comunidades (las tres gobernadas por el tándem PP-Vox): Castilla y León, Aragón y Extremadura. Y a la que acudirán el resto para sancionar el traspaso de 25 millones de euros extraordinarios a la ciudad de Ceuta, aunque con el reparto de menores como telón de fondo. No es baladí. Y es que, en el último año, el PP no ha cejado en su empeño de boicotear la norma. Tanto en los tribunales como desde las instituciones.

Recursos contra la propia norma
Primero lo intentaron en el Constitucional. El 29 de abril de 2025, apenas 19 días después de la votación en el Congreso, el TC admitía a trámite el primer recurso por inconstitucionalidad. ¿La demandante? La Comunidad de Madrid, bajo las riendas de Isabel Díaz Ayuso. Un primer paso en los tribunales que anticipaba toda una cascada de recursos. A Madrid, le siguieron, un mes después, Aragón, Cantabria y Extremadura. Y, ya en junio, la Región de Murcia. Durante el verano, completaban la lista el resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular: Paìs Valenciá, Balears, Castilla y León, Andalucía y Galicia. Al final, solo una de las regiones populares se abstuvo de participar: La Rioja. A cambio, se sumó a la ofensiva el ejecutivo de Castilla y La Mancha, con el socialista Emiliano García-Page a la cabeza.

En los recursos, todavía sin resolver por el Alto Tribunal, las 11 comunidades esgrimían, fundamentalmente, cuatro argumentos contra el sistema de reparto. Primero, la invasión de competencias autonómicas en materia de protección de menores. Segundo, el uso “injustificado” de un Real Decreto-ley para un cambio normativo que exigiría la promulgación de una ley orgánica. Tercero, la imposición “unilateral” del nuevo reglamento, sin atender al criterio de las comunidades. Cuarto, la falta de financiación y la arbitrariedad a la hora de fijar los criterios del reparto.

En conversación con Público, fuentes gubernamentales recuerdan que el traslado de menores se efectúa atendiendo a criterios como el volumen de población, la renta per cápita de la comunidad o el número de plazas de su sistema asistencial. Y lo que es más importante: acompañado, en sucesivas partidas, de fondos para financiar la acogida.

Recursos contra su aplicación
Mientras el Constitucional decide sobre el corazón de la norma, las comunidades populares no han dejado de atacar en otro nivel: su aplicación. El ejemplo paradigmático vuelve a ser el de la Comunidad de Madrid. A finales de 2025, el Gobierno de Ayuso decidía impugnar ante el Supremo el traslado de los primeros 12 migrantes procedentes de Ceuta y Canarias. El alto tribunal, sin embargo, no le dio la razón. En una sentencia fechada el 8 de enero, el Supremo reactivaba los traslados, considerando que su paralización supondría “graves daños” para una docena de menores acogidos en condiciones de “hacinamiento”. Teniendo en cuenta, además, que la receptora, Madrid, es la tercera comunidad con mayor capacidad de acogida (2.471 menores), por detrás de Andalucía (3.009) y Catalunya (2.829).

Madrid no es la única comunidad que ha acudido a la vía contencioso-administrativa. También lo hizo, por ejemplo, Balears. En octubre de 2025, el Govern balear empezó a recurrir, sistemáticamente, las resoluciones de traslado dictadas en Canarias, exigiendo su suspensión cautelar. Como consecuencia, hasta cuatro menores migrantes se quedaron durante meses en un limbo legal. Finalmente, en febrero de 2026, los tribunales canarios siguieron el ejemplo del Supremo y obligaron al ejecutivo del PP a someterse a las reglas del sistema de acogida.

Pero si hay un caso particular es el de Aragón. Solo en el pasado mes de julio, Canarias ha recurrido hasta en tres ocasiones a la Fiscalía de Menores para obligar a la comunidad de Azcón a asumir las derivaciones de 15 menores migrantes. Las quejas del ejecutivo canario se suman al conflicto de competencias que, allá por mayo de 2025, presentó ante el Constitucional el Gobierno de España después de que la región se negara a facilitar siquiera los datos para calcular su capacidad de acogida.

Vacíos de información
Este es precisamente otro de los campos de batalla que lleva un año enfrentando a las comunidades populares con el Ejecutivo: la disponibilidad de información. Fuentes de Infancia denuncian, en conversación con Público, la escasa colaboración de los gobiernos del PP a la hora de informar sobre el estado de sus sistemas de acogida. Si bien reconocen que, tras varios requerimientos, poco a poco empiezan a dar su brazo a torcer. En cualquier caso, solo las comunidades de origen —Canarias, Ceuta y Melilla— y de destino, explican desde el ministerio, tienen los datos completos y actualizados sobre el número de menores que acoge, a día de hoy, cada región. Y, en consecuencia, sobre su nivel de saturación. Todo ello a pesar de que la normativa vigente obliga a las comunidades a notificar cualquier nueva acogida a la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia.

La opacidad de las comunidades que gobierna el PP no es una novedad. Así lo recoge, también, la Fiscalía General del Estado (FGE). Todos los años, la Policía Nacional (dependiente de Interior) actualiza el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA). Una lista en la se que debería pasar revista a todos los menores acogidos en el sistema de protección español, indicando, entre otros datos, su localización. Pues bien, en la normativa que regula el registro, la FGE —que utiliza los datos para sus memorias anuales— reconoce que se trata de una información “incompleta” y, en algunos casos, “errónea”. ¿El motivo fundamental? “El incumplimiento por los Entes Públicos de su obligación de facilitar datos”, reza el documento. En otras palabras: el silencio de las comunidades del PP.