Es el segundo en menos de una semana. Solo unos días después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) disparara mortalmente contra Lorenzo Salgado, un mexicano de 52 años a quien confundieron con otra persona, en Houston, una segunda muerte en la ciudad costera de Biddeford, en Maine, puso el lunes al ICE, una vez más, en el foco de la crítica y la denuncia popular. Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años, murió después de que un agente del ICE sin cámara corporal medida establecida tras las muertes de Renée Good y Alex Pretti en Minneapolis disparara contra su coche cuando se disponía a ir a trabajar.

Arguyendo el ya clásico «temor a la seguridad pública», el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS), órgano encargado de supervisar al ICE, explicó en un comunicado que los agentes intentaron detener un vehículo que salía de la dirección donde estaban llevando a cabo una operación de vigilancia en una dirección vinculada a una persona que había recibido una orden definitiva de expulsión del país. Así, según el escrito, Guerrero intentó huir y, «por temor a la seguridad pública, un agente disparó su arma».

La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine y el grupo de defensa Presente! afirmaron que Guerrero tenía permiso para trabajar en EEUU. Por si fuera poco, el senador independiente de Maine Angus King afirmó que, según el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la víctima no era el mismo hombre sobre el que el ICE tenía una orden judicial de deportación. De la misma manera, aunque fue el mismo secretario el que comunicara al senador que el agente disparó después de que el conductor supuestamente intentara utilizar el vehículo como «arma» contra los agentes del ICE, argumento ya utilizado durante la muerte de Good, testigos afirmaron a Associated Press (AP) que Guerrero ya había recibido los disparos cuando los agentes persiguieron al coche que daba vueltas fuera de control. Tenía la cabeza ensangrentada», declaró un vecino antes de añadir que aseguró haber escuchado con claridad a la víctima decir: «Intenté frenar».

Las similitudes con el caso de Houston son considerables, y reflejan parte de la impunidad sistemática. En ambos casos, la primera explicación del Gobierno, casi 12 horas después de los hechos, fue que los agentes actuaron en «defensa propia». De la misma manera que en Maine, en el caso de Salgado, los testigos que viajaban con él en el coche cuando fue tiroteado contradicen la versión de la Administración de que iba a atacar a los agentes.

INCREMENTO CONSIDERABLE
Desde que las muertes de Good y Pretti pusieran al ICE en el punto de mira nacional e internacional, la Administración Trump ha tratado de actuar entre bambalinas, sin que los titulares obstaculizaran su labor. Tras los sucesos en Minneapolis las cifras decayeron durante un tiempo, pero no tardaron en volver a subir.

Según el Deportation Data Project, los arrestos diarios cayeron hasta unos 1.057 en febrero. Sin embargo, a finales de junio, el ICE detuvo a unas 10.000 personas en apenas cinco días, una media de 2.000 arrestos diarios, de acuerdo con ‘‘The New York Times’’. Al mismo tiempo, la población recluida en los centros de detención de la agencia aumentó hasta cerca de 39.000 personas, según The Associated Press. Un informe publicado el mes pasado por Human Rights Watch y Physicians for Human Rights contabilizó 52 fallecidos durante los primeros 500 días del segundo mandato del presidente Trump y alertó de que la tasa de mortalidad en los centros de detención es la más alta en más de una década. El índice casi cuadruplica el registrado durante la Administración de Joe Biden y supera en más de dos veces y medio el del primer mandato de Trump.