La Comisión del Estatuto del Diputado del Parlament ha acordado trasladar a la Mesa de la Cámara la propuesta de aplicar una falta leve a la líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, y al portavoz de Vox, Joan Garriga, por considerar que ambos incumplieron el artículo 7 del Código de Conducta, que obliga a los diputados a mantener una actitud ejemplar y respetuosa en el ejercicio de sus funciones. En cambio, la comisión ha archivado el expediente abierto contra la diputada de Vox Júlia Calvet al entender que sus declaraciones quedan amparadas por la libertad de expresión.

Así lo ha explicado este martes el presidente de la comisión, Antoni Castellà (Junts), quien también ha anunciado que el órgano ha elevado a la Mesa una recomendación para reformar el reglamento del Parlament con el objetivo de tipificar con mayor precisión este tipo de conductas y establecer un marco sancionador más desarrollado.

En el caso de Orriols, el expediente se abrió tras varias intervenciones dirigidas contra la diputada de ERC Najat Driouech, a quien acusó de “normalizar el fundamentalismo islámico” por llevar velo en el hemiciclo. Según la comisión, las expresiones utilizadas por la líder de Aliança Catalana, reiteradas hasta en siete ocasiones, constituyen un señalamiento personal contra otra parlamentaria que vulnera el Código de Conducta.

Por su parte, Joan Garriga ha sido propuesto para una falta leve por dos actuaciones distintas: sus declaraciones sobre el expresidente de la Generalitat Lluís Companys durante una Junta de Portavoces celebrada tras el acto de homenaje al dirigente republicano el año pasado y por afirmar en un pleno de mayo de 2025 que los socialistas se dedicaban a “gastarse el dinero en drogas y putas”.

Antes de conocerse la decisión de la comisión, el portavoz de Vox ya había advertido de que su grupo recurriría “todas y cada una” de las posibles sanciones que pudiera imponer el Parlament. Garriga defendió que sus palabras sobre Companys se ajustan a la realidad histórica y sostuvo que, bajo su mandato, “se fusilaron miles de catalanes inocentes” y que el expresidente “no movió un dedo para salvarles”, según afirmó.

Respecto a sus declaraciones sobre el PSOE, insistió en que no eran una valoración política de Vox, sino una referencia a resoluciones judiciales. “Hubo socialistas que se gastaron el dinero público en drogas y en putas, lo seguiremos diciendo”, aseguró.

El dirigente de Vox calificó además la actuación de la Comisión del Estatuto del Diputado como “un atropello a la libertad de expresión” y sostuvo que el órgano tiene el “único y vergonzoso objetivo de censurar la verdad”. A su juicio, en democracia el límite a la libertad de expresión debe situarse en el Código Penal y no en el Código de Conducta del Parlament, por lo que anunció que su formación llevará el asunto “hasta el final” por la vía judicial si finalmente se imponen las sanciones.

En cambio, la comisión ha decidido no sancionar a Júlia Calvet por las declaraciones en las que responsabilizaba a la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, de liderar la “corrupción” en el caso de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia). Tras analizar las alegaciones presentadas por la diputada, el órgano concluyó que sus manifestaciones quedan protegidas por la libertad de expresión y que no existía una intencionalidad sancionable.

Fuentes de la comisión han explicado que tanto Orriols como los diputados de Vox apelaron a la libertad de expresión para justificar sus intervenciones, aunque sostienen que ese derecho debe ser compatible con el cumplimiento del Código de Conducta parlamentario. En el caso de Orriols, consideran que la reiteración de las alusiones personales a Driouech impide ampararlas exclusivamente bajo ese principio. Asimismo, recordaron a los grupos parlamentarios que, si consideran que determinadas manifestaciones pueden constituir delitos de odio, tienen la posibilidad de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.

La decisión definitiva corresponde ahora a la Mesa del Parlament, que deberá pronunciarse sobre la propuesta de la comisión. Si considera acreditada la infracción, podrá imponer una amonestación pública o una multa de entre 600 y 12.000 euros. Una vez notificada la sanción, los diputados dispondrán de cinco días para solicitar su reconsideración mediante un escrito motivado, que la Mesa deberá resolver en un plazo máximo de quince días.

Además de cerrar estos expedientes, la Comisión del Estatuto del Diputado ha acordado incoar cuatro nuevos procedimientos disciplinarios. El primero afecta al diputado de Vox Alberto Tarradas por unas declaraciones realizadas en abril tras defender los cánticos de “Musulmán el que no bote” durante el partido entre España y Egipto. En aquella intervención afirmó que “si la señora Najat Driouech decide no botar, pues no pasa nada; no la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento”, unas palabras de las que posteriormente se disculpó.

El segundo expediente se dirige contra el diputado de Vox Rafael Villafranca por llamar “delincuentes” a diputados de la CUP durante un pleno. El tercero vuelve a afectar a Júlia Calvet por unas manifestaciones en las que criticó el multiculturalismo y aseguró que lo que algunos denominan “racismo suele ser la reacción lógica de un pueblo que ve cómo se degradan sus barrios”, entre otras afirmaciones. El cuarto procedimiento se ha abierto contra la diputada de Vox María García Fuster por llamar “asesino” al expresidente de la Generalitat Lluís Companys.