Las solicitudes presentadas para acogerse al proceso extraordinario regularización de inmigrantes ascienden finalmente a 1.174.978 y el grueso de las mismas (79,6%) se corresponde a la vía del arraigo, según el recuento que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que capitanea Elma Saiz, facilitado dos días después de que haya concluido el plazo para registrarlas. La cifra dobla las previsiones que el Gobierno viene compartiendo desde que el Consejo de Ministros aprobó esta medida el pasado 14 de abril. Entonces se apuntaba a medio millón; hoy son más del doble.

Si atendemos a la procedencia de los solicitantes, el 67% de las solicitudes han sido presentadas por personas de América Central y América del Sur. En concreto, Colombia concentra el 26% de las solicitudes; Marruecos, el 13,4%; Venezuela, el 11,7% y Perú un 8,8%.

Sólo Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana concentran el 54,8% de las solicitudes: 257.000, 220.000 y 167.000, respectivamente. En Andalucía, por su parte, se han registrado 161.000.

Perfil del solicitante: hombres menores de 45 años
La mayoría (57%) de los solicitantes del proceso de regularización extraordinaria son hombres; frente al 43%, que son mujeres. En total, el 81% de los solicitantes tiene menos de 45 años: el 21,6% tiene entre 35 y 44 años; el 31,3%, entre 25 y 24; el 17%, entre 16 y 24, y el 11,1%, entre 0 y 15 años.

Entre los solicitantes de protección internacional hay menor diferencia por sexo que entre los que han solicitado el arraigo extraordinario. En el caso de los menores de edad y en la franja de 45 a 54 años, la distribución es paritaria, sin diferencias por tipo de autorización.

Resoluciones y tipo de vía
Por el momento, el Gobierno ha resuelto de forma definitiva 11.000 expedientes, aunque no ha desglosado el número de consesiones favorables y el de denegaciones. Por otra parte, casi el 52% de estos expedientes (608.000) ya están en fase de tramitación. Sólo la admisión a trámite conlleva que los solicitantes obtengan un permiso temporal de residencia y trabajo.

Las primeras previsiones del Gobierno apuntaban a medio millón de beneficiarios: 250.000 entrantes por la vía de la protección internacional y otros 250.000 por la vía del arraigo, las dos modalidades que contemplaba el Real Decreto para acogerse a esta medida. Finalmente, de las casi 1,2 millones de solicitudes presentadas, el 79,6% se han acogido a la disposición del arraigo y una minoría, 20,4%, a la de la protección internacional, lo que descuadra, de nuevo, las previsiones del Gobierno.

El Ministerio ha puesto en valor la movilización de recursos para poder tramitar este proceso. Mientras el 83% de las solicitudes se ha tramitado de forma telemática, unas 197.102 peticiones (16,8%) se presentaron de forma presencial en las oficinas de Correos, Seguridad Social y Extranjería que se habilitaron para su recogida.

En esta línea, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha avanzado que estas direcciones siguen abiertas para recoger los requerimientos que la Administración pueda remitir a los solicitantes. Los solicitantes que hayan presentado su documentación incompleta, aún disponen de un plazo de 15 días adicionales para subsanar las lagunas en su solicitud.

Hasta ahora, el Gobierno no había hecho pública la cifra de solicitudes, a la espera de que cerrara el plazo de presentación de las mismas para poder hacer un filtrado que eliminara duplicidades o errores.

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Este proceso no ha estado exento de polémicas. Empezando por la última, surgida a raíz de una providencia del Tribunal Supremo en la que los magistrados plantean “dudas” sobre la compatitibilidad del procedimiento con la normativa europea. Dado que cabe la posibilidad de que el Alto Tribunal paralice el procedimiento si opta por elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Gobierno va a “agilizar” la admisión a trámite de las solicitudes para evitar que ningún solicitante vea su proceso pausado ante la decisión de los magistrados, si así la tomaran. El Ejecutivo confía en que el TS no congele la medida aunque opte por elevar al TJUE una cuestión prejudicial.

Estos son los primeros datos oficiales disponibles sobre el histórico proceso que lleva en marcha desde el pasado 16 de abril, cuando se abrió el plazo para presentar las solicitudes. El departamento de Elma Saiz insistió en que los ciudadanos debían informarse por canales oficiales, pero dejó de proporcionar información por esas mismas vías acerca de la evolución del proceso apenas dos días después de que arrancara.