Alberto Núñez Feijóo ha reconocido este jueves que su partido está a favor de que todos los nietos de los emigrados españoles, no solo los exiliados, obtengan la nacionalidad. “Decir que un nieto, donde haya una trazabilidad en parentesco clarísima, pueda tener derecho a la nacionalidad española, estamos de acuerdo”, ha admitido el líder del PP esta mañana en una comparecencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Tras afirmar Feijóo el lunes que la norma supone “una ingeniería electoral” para “fabricar nuevos votantes”, el Partido Popular ha ido modulando su mensaje sobre la ley de nietos con el paso de los días y finalmente clarificó el miércoles que están de acuerdo con que los descendientes de todos los españoles que emigraron sean naturalizados, como defendía Feijóo ya en 2022 y lo hacía también su programa para las elecciones generales de 2023. Y como lo ha asumido el jefe de la oposición hoy.

No obstante, desde el PP siguen arremetiendo contra el Gobierno y cargando contra el desarrollo normativo de las nacionalizaciones y la aplicación del proceso. “No estamos en contra de que un nieto que acredite el parentesco pueda tener la nacionalidad española. Lo que sí estamos en contra es que esto sea un trágala con nocturnidad y alevosía”, ha remachado Feijóo. Aunque coincidan con que se otorgue la nacionalidad a todos los nietos, desde el PP demandan, primero, que se regule en una norma redactada ad hoc “con rigor” en el Congreso y al margen de la de Memoria Democrática.

Y, en segundo lugar, no comulgan con cómo ha gestionado la cuestión el Gobierno, ni administrativamente ni legislativamente. “Está habiendo mucha arbitrariedad, poca transparencia y pocas garantías”, ha subrayado Feijóo. El PP basa su crítica en una instrucción ministerial publicada pocos días después de que la Ley de Memoria Democrática ―que ampara el proceso de nacionalización― fuera sancionada en octubre de 2022 con el voto de la derecha en contra. En la instrucción, el Gobierno amplió la posibilidad de acogerse a la medida a todos “los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles”, no solo a los descendientes de exiliados. “La instrucción modifica el objeto de la ley, hay un vicio de legalidad porque una instrucción no puede alterar el objeto de una ley”, ha expresado Feijóo al respecto.

Paradójicamente, el partido conservador está de acuerdo con que se extienda a todos los nietos y no solo a los exiliados, como dice la instrucción contra la que cargan. Los populares se quejan además de que ―según está redactada la orden de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública―, las nacionalizaciones pueden otorgarse incluso hasta los tataranietos ―dos generaciones más de los nietos― por el encadenamiento de la línea sucesoria (en la instrucción se incluye expresamente a “nietos” e “hijos”, no a “tataranietos”. Con esa ampliación temporal, a su juicio, calculan que el volumen de solicitudes ha llegado hasta los dos millones y medio, cantidad que ven desproporcionada. “Un país, en un año y medio, no puede incrementar el censo en dos millones y medio de personas”, ha indicado Feijóo. “Tenemos que ver el impacto que ello supone”, ha añadido.

“Defensa del Estado de Bienestar”
Porque la formación apunta ahora además a que con el aumento en el número de personas se pueden tensar servicios, como la atención sanitaria, si los nietos quieren venir a España, por lo que también se muestran críticos “en defensa del Estado de Bienestar”, ha dicho Feijóo. En esa línea, el líder del PP ha dado a entender que hay demasiados nuevos españoles e inmigrantes regulares si se suma a los naturalizados bajo la ley de nietos más los llegados a país en los últimos años.

“Si sumamos el número de inmigrantes que han entrado en España desde el año 2019 al año 2025 son cuatro millones; si sumamos un millón trescientos, que estamos regularizando, ya nos vamos a cinco con tres. Y si sumamos los dos millones y medio de lo que el Gobierno llama nietos, que no son nietos solo, estamos ya en siete o ocho millones de ciudadanos”, ha enumerado Feijóo. “Siete u ocho millones de ciudadanos en siete años no hay país que lo resista desde el punto de vista social, desde el punto de vista de bienestar y desde el punto de vista cultural”, ha censurado.

La exposición de motivos de la Ley de Memoria Democrática presenta las nacionalizaciones como una “medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio” y en su disposición adicional octava habla de aquellos “nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual”. Luego se amplió con la instrucción ministerial para todos los nietos más allá del exilio.

Con todas esas críticas sobre la mesa, el PP se lanza al ataque desde este jueves con una ofensiva parlamentaria planteando preguntas en el Congreso sobre el asunto, dirigidas al Gobierno, para tratar de “fiscalizar” el proceso. También piden la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la Cámara baja. En cualquier caso, hasta que las cifras no empezaron a aflorar, el Partido Popular no puso el foco en estos aspectos durante todo el camino de la norma en las Cortes. En los debates, su censura se fundamentó más en atacar al Gobierno por haber pactado la Ley de Memoria Democrática, entre otras formaciones, con EH Bildu, más que por el contenido de la misma.