La regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno ya tiene cifras definitivas de solicitudes. El proceso, que arrancó el pasado 16 de abril y cerró el plazo el 30 de junio, ha terminado con 1.174.978 peticiones en toda España, una cifra que supera ampliamente las previsiones del Ejecutivo y que evidencia que habitaban en nuestro país de forma irregular era mayor que el que se preveía.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha difundido este jueves los primeros datos del balance. Del total de solicitudes presentadas, 609.737 expedientes ya han sido tramitados, lo que supone algo más de la mitad del total. La mayoría de peticiones se han presentado por la vía del arraigo extraordinario, que concentra el 79,6%, mientras que el 20,4% restante corresponde a autorizaciones vinculadas a solicitantes de protección internacional.

Además, el Ministerio destaca que el 83,2% de las solicitudes se han hecho de forma telemática, frente al 16,8% que se ha registrado de manera presencial. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, una de cada cinco solicitudes se presentó en oficinas y se asignaron 61.703 citas dentro del dispositivo habilitado para este proceso.

En cuanto al perfil de los solicitantes, el 87% de quienes han pedido acogerse al proceso se encuentra en edad laboral, entre los 16 y los 64 años. Por sexos, el 57% son hombres y el 43% mujeres. Por edades, el grupo más numeroso es el de 25 a 34 años, con el 31,3% del total, seguido de quienes tienen entre 35 y 44 años, con el 21,6%, y de los jóvenes de 16 a 24 años, que representan el 17%.

Por nacionalidades, Colombia es el país con más solicitudes en el conjunto de España, con el 25,9% del total. Le siguen Marruecos, con el 13,3%; Venezuela, con el 11,8%; Perú, con el 8,8%; y Honduras, con el 4,9%. En conjunto, dos de cada tres solicitantes proceden de América Central y del Sur, mientras que el 22,9% tiene origen africano y el 8,3% procede de Asia.

La Comunidad de Madrid ha sido una de las regiones donde más impacto ha tenido esta regularización extraordinaria. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en Madrid se han registrado 202.424 solicitudes, la segunda cifra más alta del país y solo por detrás de Cataluña, que ha contabilizado 257.602.

La magnitud del dato se entiende mejor al compararlo con la población de algunas grandes ciudades madrileñas. Las 202.424 solicitudes registradas en la Comunidad de Madrid equivalen prácticamente a una ciudad del tamaño de Alcalá de Henares y superan ampliamente la población de municipios como Leganés o Fuenlabrada.

En este sentido, el volumen madrileño representa alrededor del 17,2% de todas las peticiones presentadas en España. Por detrás de Madrid aparecen la Comunidad Valenciana, con 167.286 solicitudes, y Andalucía, con 161.557.

La regularización extraordinaria llega, además, en pleno debate sobre el peso de la inmigración en el mercado laboral y en la sostenibilidad del sistema público. Según publicó ABC el pasado enero a partir de un cruce de datos del INE y de la Seguridad Social, el 44% de los inmigrantes en edad de trabajar no figuraban como afiliados, pese a encontrarse dentro de la franja teóricamente activa.

La brecha era especialmente clara al comparar la población española con la extranjera. Mientras el 74,4% de los españoles de entre 20 y 64 años cotizaban a la Seguridad Social, entre los extranjeros el porcentaje bajaba al 56%. La diferencia era todavía mayor si se excluía a los inmigrantes procedentes de la Unión Europea, que presentaban una tasa de afiliación incluso superior a la española, en torno al 76%.

Por regiones de origen, España contaba a principios de 2025 con 3,9 millones de inmigrantes extracomunitarios en edad de trabajar, de los que algo menos de dos millones cotizaban. Entre los latinoamericanos, la afiliación rondaba el 55%; entre los africanos apenas llegaba al 51%; y entre los asiáticos subía al 63%.

El detalle por países también mostraba diferencias relevantes. Marruecos, con 723.000 residentes en edad laboral, tenía solo a la mitad cotizando; Colombia se situaba incluso por debajo, con un 47,3%; mientras que Rumanía, como país comunitario, alcanzaba el 75,3%, una cifra muy parecida a la española. En el extremo más débil aparecía Argelia, con solo un 34% de afiliación, mientras que Venezuela destacaba como el único país no europeo con una tasa de cotización superior a la de los españoles.