Hubo fumata blanca en Andalucía y llegó casi al límite de la segunda votación de una sesión de investidura que, de truncarse, avivaba la sombra de más semanas de interinidad y el fantasma de una repetición electoral que el PP de Alberto Núñez Feijóo, con la maquinaria a punto para cuando Pedro Sánchez apriete el botón de las generales, no quería bajo ningún concepto. Juanma Moreno volverá a ser presidente de Andalucía, tras haber perdido la mayoría absoluta en las autonómicas del 17 de mayo, como lo fueron previamente María Guardiola en Extremadura, Jorge Azcón en Aragón y Alfonso Fernández – Mañueco en Castilla y León: gracias a los votos de Vox, que se hace con la vicepresidencia para su líder regional, Manuel Gavira, y, sobre todo, coloca de nuevo en el programa de actuación de un gobierno con los populares su actual bandera ideológica: la prioridad nacional en el acceso de las ayudas públicas.

Los de Santiago Abascal situaron en el acuerdo cerrado este mismo jueves la controvertida premisa en una semana en la que el PP se ha sumado a las sospechas de la derecha radical sobre una posible «ingeniería electoral» del Gobierno de Pedro Sánchez con las nacionalidades de la llamada ‘ley de nietos’, mientras intensificaba sus reservas ante la regularización de más de un millón de inmigrantes en situación irregular. Y, junto a ello, los voxistas logran que sea precisamente Juanma Moreno, una de sus bestias negras, el barón que más se ha resistido a amarrarse al extremismo de sus rivales y desde ahora socios de coalición en el Gobierno. El presidente andaluz había llegado a tildar el concepto de prioridad nacional de «eslogan hueco», mostrándose crítico con la iniciativas «irreales» cuando no «ilegales» de sus nuevos aliados. El acuerdo, que incorpora otra vicepresidencia con la que el PP se reserva sustituir a Moreno cuando el jefe del Ejecutivo tenga que ausentarse, incorpora las restricciones a la llegada de más menores inmigrantes no acompañados y aboga por incentivar las políticas de retorno de los extranjeros a sus lugares de origen.

El Parlamento de Andalucía despejó finalmente la incógnita de la gobernabilidad en la segunda sesión de investidura. Tras semanas de hermetismo y un tenso pulso que ha estirado al máximo los plazos, Vox decidió abandonar el ‘no’ de la primera vuelta para sumar sus 15 diputados a los 53 del Partido Popular. Con este movimiento de última hora, Moreno fue reelegido esta tarde de jueves presidente de la Junta de Andalucía para la XIII legislatura por una holgada mayoría de 68 votos a favor frente a los 41 en contra de la oposición de izquierdas (PSOE – A, Por Andalucía y Adelante Andalucía). Se convierte así en el presidente con mayor respaldo parlamentario de la historia de la autonomía andaluza.

Un holgado respaldo para el tercer mandato de Moreno que en Génova jalearon porque abre la puerta a 12 años de Gobierno del PP en el otrora granero histórico del PSOE – con la exvicepresidenta María Jesús Montero condenada, además, a encabezar la oposición – , con el objetivo de «proteger a los andaluces» de las izquierdas demostrando «que se puede gestionar con eficacia y honradez». Los de Feijóo orillaron que salen de la cadena de cuatro elecciones autonómicas cogobernando con Vox para incidir en la otra cara de la moneda: sus incontestables triunfos en las urnas ante el fiasco de los socialistas. «Salimos más fuertes y preparados que nunca para volver a medirnos con el sanchismo», concluyeron estas fuentes. Los populares, incluido Moreno, se afanan en acotar la prioridad nacional tras los acuerdos con Vox a unas condiciones tasadas de arraigo, no de exclusión, para los inmigrantes.

El acuerdo ‘in extremis’ disipa definitivamente el fantasma del bloqueo político y aleja el escenario de una repetición electoral en otoño. Sin embargo, abre también una incógnita no menor: si el presidente andaluz podrá sostener con estos socios de ruta el perfil de moderación que lo ha llevado a construir una hegemonía política en Andalucía que el pasado 17 de mayo lo dejó a un paso de conseguir su segunda mayoría absoluta para el PP.

La fumata blanca llegó tras intensas negociaciones contra reloj en las que la delegación popular tuvo que ceder ante las exigencias de la formación de Abascal. Aunque el portavoz andaluz de Vox, Manuel Gavira, y la portavoz en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, insistieron públicamente en que lo primordial era fijar medidas de calado programático —como la aplicación de la prioridad nacional y el fin de las leyes de contenido ideológico—, el verdadero nudo gordiano del pacto ha sido el reparto de carteras. Vox ha hecho valer sus votos exigiendo un modelo similar al que ya ostenta en otras autonomías, forzando al PP a conceder una presencia en el gabinete de San Telmo que supera la estricta proporcionalidad que los populares defendían inicialmente sobre la base de los resultados del 17 – M.

Las prisas por evitar que el curso político encallase antes del verano han pesado con fuerza en la estrategia de los populares. La portavoz del Ejecutivo en funciones, Carolina España, ya había alertado de la urgencia técnica de disponer de un gobierno completamente configurado antes de que expirase el mes de julio. Diseñar y tramitar unos presupuestos autonómicos para 2027 que rebasarán los 50.000 millones de euros requería que los nuevos consejeros estuvieran asentados en sus despachos de inmediato si se pretendía que las cuentas entrasen en vigor el 1 de enero. Esta necesidad imperativa ha terminado por allanar el camino hacia un pacto que, si bien ata la estabilidad parlamentaria de Moreno, le obliga a compartir la gestión del Palacio de San Telmo durante los próximos cuatro años.

Una vez concluida la votación con los 68 respaldos validados por la Mesa de la Cámara, el presidente encara el reto de confeccionar un organigrama gubernamental que satisfaga las ambiciones de Vox sin desvirtuar el proyecto político que lo dejó acariciando otra mayoría absoluta. El nuevo mandato andaluz echa a andar de manera oficial, esquivando la parálisis administrativa en el último minuto.