La Diputación de Gipuzkoa atendió el año pasado a 2.854 menores, una cifra récord y que supone un incremento del 19% respecto a 2024. Las causas del aumento, continuado durante cinco años, son diversas y responden a una nueva realidad social que combina más problemas mentales, más adicciones, más precariedad, núcleos familiares más pequeños y más inmigración, factores todos ellos que han despertado una mayor concienciación de los problemas presentes en la sociedad y de una mayor detección por parte de instituciones y agentes sociales.

La cara más conocida de la red de menores son los pisos y las residencias tuteladas, una modalidad que atiende a una quinta parte de todos los menores que llegan al servicio del Departamento de Cuidados y Políticas Sociales. Pero más allá existen diversas modalidades de intervención que comparten los objetivos de atender a menores en situación de desprotección o de vulnerabilidad y hacerlo desde la perspectiva de «un buen trato a nivel social».

Los 2.854 menores atendidos en 2025 son más que el doble que los de 2010 (1.347). El aumento es evidente y desde el Departamento exponen que en lo que a su trabajo respecta «hay cosas en la detección que antes no se veían y hoy en día sí y también se trabaja en la prevención, por lo que atendemos a más menores que no llegan al punto de recibir medidas más intensas».

Por otro lado, está la propia transformación de la sociedad. «Hay muchos más problemas de salud mental y de adicciones. También más inmigración pero no entendida como los menores no acompañados, sino como aquellas familias que vienen de otros entornos pasando por procesos migratorios muy complejos o aquellas madres que han traído a sus niños y a las que les supone una dificultad empezar a rodar». Además, «las familias están más solas y lo que antes se sostenía en la sociedad ahora tenemos que intentar sostenerlo nosotros». Por último, la mayor concienciación impulsa que «las familias manifiesten más su necesidad de ayuda por no saber cómo abordar determinadas situaciones».

La sección de acceso es la principal puerta por la que un menor llega a manos de la Diputación. El año pasado 1.676 fueron atendidos por este servicio, de los cuales el 68% fueron autóctonos y el resto, un 32%, inmigrantes sin referentes familiares en Gipuzkoa. Los problemas que tiene un menor pueden ser detectados por las propias familias, los centros de salud o los escolares, y el caso se deriva a los servicios sociales de los ayuntamientos. El equipo correspondiente hace una primera valoración y, «en la mayoría de los casos», el resultado determina una intervención con la familia del menor. Si la situación es «de riesgo grave o de desprotección» llega a manos de la Diputación para realizar una evaluación más especializada.

Para entender el protocolo en el ámbito de las políticas sociales se suele utilizar un símil con el procedimiento que se sigue en Sanidad. El paciente va al médico de cabecera, que completa una primera valoración y establece un primer tratamiento. Esa figura son los servicios sociales de los 88 ayuntamientos de Gipuzkoa. Si no funciona, el paciente es derivado al especialista, quien decide, después de tratarlo, si lo devuelve al médico de cabecera o si se lo queda. El ente foral cumple esta segunda función. «Hay muchos casos que no nos llegan y que no nos tienen que llegar, y la mayoría de los que nos llegan suelen volver a los ayuntamientos».

El año pasado hubo 870 menores con los que se trabajó a través de la intervención familiar y con los programas de apoyo que reciben las familias que están dirigidos a la atención socioeducativa. A 31 de diciembre la mitad de los menores que estaban en la red foral estaban dentro de esta modalidad, 985 de 1.858.Sin romper el vínculoLa Diputación trabajó con 870 menores a través de la intervención familiar, sin salir del hogar

Los menores que terminan en acogida residencial o familiar son casos de mayor «intensidad» después de que se adopte la medida judicial de tutela, que recae en la entidad pública de protección social, en Euskadi las diputaciones. Cuidados y Políticas Sociales recibe la responsabilidad de estar a cargo de la protección del menor, y a la vez delega esa guarda en servicios residenciales o en el acogimiento familiar. Sobre esta última modalidad, el año pasado 506 menores estuvieron acogidos por familias que se ofrecen voluntarias para participar en el cuidado y educación de algún menor. Para encontrar un nuevo hogar, la Diputación tiene distintas tipologías de acogimiento.

Según la relación que tienen con el menor, existe la familia extensa (abuelos, tíos), la familia allegada (vinculaciones que pueda tener en su entorno) y la ajena. En Gipuzkoa, trasladan desde el Departamento, «tenemos mucha suerte» porque hay una cifra «muy importante» de familias voluntarias que convierten esta tipología en la más frecuente.

Otra clasificación es según la duración de la acogida. La de urgencia suele estar dirigida a niños pequeños que necesitan que se tome una medida rápido, motivo por el que la duración contemplada es de seis meses como mucho. Luego están las acogidas temporales y permanentes. Por último, una tercera clasificación distingue entre las familias voluntarias o profesionales, que son aquellas en las que al menos una persona acogedora tiene formación específica y experiencia para desarrollar la labor de acogida, que es su trabajo. Está dirigido sobre todo a los menores que sufren mayores dificultades.

A 31 de diciembre, de los 1.858 menores con los que la Diputación trabajaba, 473 se encontraban en esa modalidad de acogimiento familiar. Son 73 más de los que había en acogimiento residencial. Es decir, en pisos o residencias de tutela. El ente foral cuenta con 512 plazas en 60 recursos. La gran mayoría, 462, están en los pisos, que suelen tener distinta capacidad. «Los llamados ‘básicos’ son para ocho personas, pero también hay recursos de 3 – 4 plazas también utilizadas para aquellos menores que están cerca de la mayoría de edad y afrontan un proceso de emancipación. El resto de 50 plazas se encuentran en residencias. Estas modalidades no son estancas y cada vez hay más casos en los que la solución es mixta», cuentan desde la Diputación. Hay casos en los que el menor está tres días de la semana en un piso y cuatro con su familia biológica. En el Departamento explican que «durante mucho tiempo las medidas han sido aisladas, pero si combinar las modalidades ayuda a sostener la situación se hace; se está viendo que las medidas puras no siempre dan resultado».

De los 535 menores que estuvieron el año pasado en pisos o residencias forales, más de dos tercios (364) eran autóctonos y 171 fueron inmigrantes de menos de 18 años y sin referentes familiares. La Diputación admite que el aumento en la llegada de este colectivo ha «distorsionado» las plazas forales disponibles que se han tenido que ampliar según la necesidad, pero traslada que el objetivo a futuro es «conseguir bajar» esa cifra de 512 plazas para que más menores terminen bajo el cuidado y supervisión de las familias de acogida.

Además de las modalidades de trabajo con menores mencionadas de la intervención familiar, el acogimiento familiar o el acogimiento residencial, también existen las estancias temporales que gestiona o en los que colabora la Diputación de Gipuzkoa. Consisten en programas conocidos en la sociedad guipuzcoana como el del acogimiento de niños y niñas de Chernóbil o del Sáhara en verano. También contemplan la llegada de menores que tienen alguna enfermedad, por ejemplo. El año pasado un total de 117 menores fueron atendidos parte de la red foral mediante su programa de estancias temporales vacacionales.