La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que regularizaba a inmigrantes en Euskadi mediante documentos falsos, según ha podido saber este periódico en fuentes cercanas al caso. En la operación denominada ‘Padrón’, los agentes han detenido a 17 personas entre Bilbao y San Sebastián. Entre ellas a los abogados que gestionaban los trámites en tres asesorías. De los arrestados, ocho son españoles y nueve de origen marroquí. Se trata de una de las operaciones más importantes desarrolladas por este cuerpo en los últimos tiempos.

La investigación se inició hace varios meses, antes de Navidad, cuando aún no se había abierto el actual proceso de regularización extraordinario, que ha dado esperanzas a muchos inmigrantes de poder legalizar su estancia. Los agentes detectaron posibles falsedades y coincidencias en varias solicitudes del permiso de residencia por distintos motivos, entre ellos el arraigo sociolaboral. Un mismo documento con igual numeración era utilizado por diferentes personas para conseguir la regularización.

Daba la casualidad de que todos los expedientes habían sido completados por las mismas asesorías. Esto despertó las sospechas de la Policía, que comenzó a indagar. En la investigación colaboraron agentes especialistas de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF), destinados en Madrid y de las Brigadas provinciales de Extranjería y Fronteras de Bizkaia y Gipuzkoa.

Las pesquisas resultaron laboriosas, pero averiguaron que a los inmigrantes, todos de origen norteafricano, les cobraban varios miles de euros con la promesa de que iban a poder obtener el ansiado permiso de residencia. Los policías creen que algunos de los solicitantes sabían que estaban presentando papeles falsificados y que no eran los auténticos titulares de esos documentos.

Además de certificados de empadronamiento falsos, también se han detectado duplicados de documentos médicos y otros.

Entre los arrestados hay dos individuos, nacionalizados españoles, que se dedicaban a captar a los clientes entre personas de su mismo origen, con los que contactaban en la comunidad marroquí de cada territorio a través del ‘boca oído’. Los investigadores consiguieron determinar quiénes eran los cabecillas del entramado y su red clientelar. Una vez que habían acumulado pruebas que consideraban suficientes, decidieron pasar a la fase ejecutiva.

Los arrestos se practicaron el pasado 6 de mayo. Un total de 17 individuos fueron detenidos acusados de integrar una organización criminal dedicada al favorecimiento de la inmigración ilegal de ciudadanos norteafricanos, mediante el uso de documentos falsos en su tramitación de expedientes de regularización. La mayoría, 9, eran marroquíes, y ocho, de nacionalidad española.

Los policías completaron además tres entradas y registros con orden judicial en las gestorías, ubicadas en Bilbao y San Sebastián, utilizadas por los letrados y por los líderes de la trama, donde intervinieron equipos informáticos, diversa documentación y más de 12.000 euros en metálico.

Tras permanecer 72 horas en los calabozos mientras se completaban las diligencias policiales, los arrestados fueron puestos a disposición judicial. El juez les tomó declaración y decidió su puesta en libertad con cargos y a la espera de juicio.

La pena por el delito de favorecimiento de inmigración ilegal en España oscila entre 4 y 8 años de prisión. Este ilícito penal, que sanciona a quienes facilitan el tráfico o la estancia clandestina, puede sumar penas acumulativas o agravadas si se comete falsedad documental para lograr dicho fin.

Las asesorías permanecen abiertas y en plena actividad. Una de ellas, ubicada en pleno centro de Bilbao, se anuncia como especialista en extranjería y ofrece asistencia jurídica para la inmigración «por cuestiones laborales», para permisos de trabajo, visados y para la inmigración familiar. Ayer por la mañana recibía un goteo de clientes, muchos de ellos interesados en el nuevo proceso de regularización de extranjeros, que permite a los inmigrantes en situación irregular obtener residencia y permiso de trabajo. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 30 de junio, por lo que se encuentran realizando todas las gestiones, incluida la obtención de un nuevo documento, el certificado de vulnerabilidad, que centra la mayoría de los esfuerzos.

Un cliente de una de las asesorías implicadas, que ha solicitado la regularización extraordinaria, explica que tardan unos 15 días en realizarle todos los trámites y le cobran 350 euros. Para poder obtener el permiso de residencia por la vía legal necesita el padrón, presentar un contrato de trabajo y un certificado de que carece de antecedentes penales en su país de origen. Tras denegarle la solicitud de asilo, ahora espera que en el plazo de dos o tres meses pueda obtener finalmente los papeles para poder ganarse la vida de forma legal.