El Gobierno y Francina Armengol caen en la multirreincidencia. De nuevo, y van cinco veces ya durante esta legislatura, se ha producido un choque institucional entre el Congreso y el Senado después de que la primera de estas Cámaras haya impedido que se voten enmiendas aprobadas por la segunda en una proposición de ley orgánica para atajar la multirreincidencia de los delitos. Ésta es una decisión que no sólo ha soliviantado al PP. Es que, además, se ha tomado en contra del criterio del letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, que advirtió de que ese veto no se podía asumir en ese momento. Pero que, sin embargo, se acabó tomando por la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso.

Para el PP, la maniobra de los socialistas demuestra un intento de «amordazar» al Congreso, quien debía ser el único que con sus votos decidiera si prosperaban o no esas enmiendas. En lugar de bloquearlas, desestimando una votación de una de las Cámaras que componen las Cortes Generales. El PP denuncia una «extralimitación» de las capacidades del Ejecutivo que deja «al descubierto» su «autoritarismo». Pues lo ha hecho porque era consciente de que con los votos de Junts y Vox esos cambios en la ley de multirreincidencia iban a salir adelante. Y no quería, porque uno torpedea la regularización de migrantes y el otro le obligaba a aumentar los fiscales.

Es la quinta vez que esto sucede en la legislatura. En los tres primeros casos, el PP terminó por presentar ante el Tribunal Constitucional un conflicto por atribución de competencias. Tres quejas que siguen a la espera de ser resueltas pero sobre las que no hay esperanza alguna de que sean atendidas en esta legislatura.

Por eso ya no se presentó el cuarto recurso y por eso ayer fuentes populares eran cautas a la hora de verbalizar si se iba a recurrir al tribunal de garantías. En todo caso, esto lo tendrá que decidir el Senado, si es que el PP quiere abrir esa batalla. Pues es el grupo el que tiene que impulsarlo en primer lugar.

La película de los hechos es la siguiente. En la reunión del pasado martes de la Mesa del Congreso se presentó el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, para llevar en mano los vetos del Gobierno a esas enmiendas bajo el argumento de que generaban aumento presupuestario. Como se dio en ese instante, no podía haber informe por escrito de los letrados. Así que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pidió criterio verbal al letrado mayor. Fuentes parlamentarias relatan que Fernando Galindo avisó de que en ese momento del proceso parlamentario, con una votación del Senado ya realizada, no se podía hacer. Sin embargo, Armengol y la mayoría de PSOE y Sumar aceptaron la petición del Gobierno haciendo caso omiso.

Así que la proposición de ley orgánica para abordar la multirreincidencia se aprobó ayer definitivamente en el Congreso sin tener en cuenta esos cambios. El Gobierno salvaba de esta forma el papelón que se le presentaba. Porque la reforma legal tenía que salir sí o sí porque era una de las exigencias que Carles Puigdemont les había puesto para reconducir su relación en el Congreso.

La foto de la votación de esta iniciativa retrata al PSOE en compañía de todas las derechas PP, Vox, Junts, PNV, UPN y CC y en contra de sus socios de izquierdas Sumar, Podemos, EH Bildu o BNG. La excepción es ERC, que se abstuvo porque sus alcaldes en Cataluña le exigían no oponerse.

Y es que, el cambio legal para actuar contra los delincuentes reincidentes era un clamor en las grandes ciudades y los municipios más turísticos. Pero es en Cataluña donde surge un consenso que rompe bloques ideológicos. De ahí que Junts, de quien surge la iniciativa, haya arrastrado al PSOE a reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Uno de los puntos más destacados es que el robo de un móvil pasa de uno a tres años de cárcel. No es por su valor económico, sino por afectar a la intimidad por los datos que guarda

Se castiga por primera vez con penas de cárcel a los autores de hurtos reiterados. El límite se sobrepasa cuando se juzga el cuarto. Entre tanto, un juez podrá imponer una orden cautelar de alejamiento de barrios o municipios a la espera de que haya una sentencia para que el involucrado no reitere delitos. También se castigarán más los hurtos en el campo.