Los funcionarios de Correos, sobre todo, pero también los de Seguridad Social y las oficinas de Extranjería están a la espera de la aprobación definitiva de la regularización extraordinaria de extranjeros cuyo texto está ahora en el Consejo de Estado y que debía entrar en vigor el próximo miércoles, 1 de abril, ya que temen que la gestión de la misma se retrase y conlleve el colapso de sus oficinas hacia el verano ante la falta de personal adicional para acometer esa labor.

El Gobierno elevó el texto a audiencia pública en enero y ahora está siguiendo los trámites preceptivos para su aprobación. Aunque inicialmente estaba previsto que “las solicitudes se empezaran a presentar a principios de abril, una vez cumplidos los trámites preceptivos para aprobar definitivamente el Real Decreto, y el proceso estuviera abierto hasta el 30 de junio de 2026”, según explicó el Ministerio de Seguridad Social, la demora en el proceso hace imposible que el trámite arranque la próxima semana.

El grueso de las solicitudes se tramitarán en Correos, ya que en la Seguridad Social va a haber muy pocas oficinas habilitadas para hacer ese trámite. Según explican fuentes sindicales de CSIF, en las ciudades grandes habrá sólo tres oficinas de la Seguridad Social en las que se pueda gestionar la regularización, en las medianas habrá dos y en algunas provincias sólo una, mientras que tan sólo habrá 10 oficinas de Extranjería en toda España que se puedan ocupar de esta gestión.

Esto supone que en la práctica serán los funcionarios de Correos que trabajan mañana y tarde los que se ocuparán de la tramitación de expedientes. “El decreto decía que las solicitudes se empezarían a recibir el 1 de abril, pero es imposible cumplir con esa fecha. Creemos que es posible que se extienda la entrada en vigor y que coincida la tramitación de las solicitudes con los meses de julio y agosto, lo que podría suponer un problema al coincidir con las vacaciones”, explican desde CSIF a EL MUNDO. Dado que el Ejecutivo quiere llevar a cabo la regularización en el plazo de tres meses, es muy probable que la gestión se realice o al menos concluya durante el verano.

En Correos están a la espera de firmar un convenio especial para articular cómo se va a realizar este trabajo y si se van a poner mesas especiales, mientras que en la Seguridad Social ya han acordado que esta labor se hará por las tardes y que los funcionarios podrán voluntariamente apuntarse para hacerlo por 25 euros la hora.

El proceso de regularización se articulará en dos fases. La inicial es la de recogida de documentación y gestión de solicitudes, que es la que conllevará más volumen de trabajo y se canalizará a través de los 9.000 trabajadores de Correos como ha ocurrido en el pasado con otros trámites de la Administración, las oficinas de Seguridad Social y Extranjería habilitadas y las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

Esa solicitud se podrá hacer también por vía telemática por medio de los intermediarios que están dados de alta en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería. Entre ellos figuran organizaciones sindicales, entidades sin ánimo de lucro o despachos de abogados acreditados que actúan como gestorías y ayudan a los solicitantes a hacer los trámites cuando habitualmente no tienen documentos en regla por su propia situación, ni tampoco firma digital ni forma de acreditarse.

En total, CSIF estima que se podrían producir hasta un millón de solicitudes, a pesar de que el Ejecutivo haya calculado que la regularización cubrirá a unas 500.000 personas, y que los funcionarios dedicarán de media 20 minutos a cada uno de los candidatos.

La segunda fase es la de análisis de la documentación y autorización para quienes cumplen los requisitos, que se centralizará en la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX, con sede en Vigo). Según ha podido saber este medio, está sobre la mesa la posibilidad de contratar a Tragsa para colaborar en este proceso, algo que no se vería con buenos ojos en Extranjería, al considerar sus funcionarios que el tratamiento de datos tan sensibles no debería externalizarse. Ante sus alegaciones, es posible que el Consejo de Estado se pronuncie al respecto.
Más allá de coordinar con las distintas administraciones y empresas públicas cómo se va a hacer la gestión del procedimiento, el Gobierno también tiene que poner en marcha las plataformas informáticas necesarias para volcar toda la documentación que sean, además, accesibles por los intermediarios externos y para poder llevar a cabo la autorización de solicitudes.

Los requisitos exigidos para los solicitantes son que puedan acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses en el momento de la solicitud y haber residido en nuestro país antes del 31 de diciembre de 2025. En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar. Otro de los requisitos indispensables es carecer de antecedentes penales.