El Gobierno italiano ha esperado sólo un día para endurecer su política migratoria después de lograr que el Parlamento Europeo se hiciera eco de sus … posturas en este ámbito considerado crucial para la primera ministra, Giorgia Meloni. Tras la aprobación el día anterior en la Eurocámara de nuevas restricciones al derecho al asilo dentro del territorio de los Veintisiete, el Ejecutivo de Roma promulgó este miércoles un proyecto de ley que autoriza bloqueos navales para detener embarcaciones de migrantes durante periodos de «flujos masivos e instrumentalizados» que supongan una «amenaza grave para el orden público y la seguridad nacional».

Es al Consejo de Ministros al que le corresponde la decisión de imponer el bloqueo naval, que puede prolongarse durante una duración máxima de seis meses. Los barcos que no cumplan con esta medida pueden ser confiscados y sus responsables multados con hasta 50.000 euros, mientras que los inmigrantes que vayan a bordo podrán ser llevados a países con los que Italia haya estipulado acuerdos de acogida. De esta manera el Gobierno de Meloni trata de reflotar el polémico proyecto que le llevó a construir dos centros de internamiento para inmigrantes en Albania. El funcionamiento de esta iniciativa en la que las autoridades de Roma han gastado alrededor de 1.000 millones de euros ha sido tumbada repetidas veces por la Justicia. El Ejecutivo italiano espera que finalmente pueda echar mano de ella tras la modificación de las reglas de asilo por parte del Parlamento Europeo, que ahora contemplan la posibilidad de utilizar centros de deportación fuera del territorio de la Unión Europa.

La nueva normativa impulsada por el Gobierno de Meloni, compuesta de 18 artículos, endurece además las condiciones de vida de los extranjeros que se encuentran retenidos en los centros de internamiento a la espera de que la Justicia dictamine si deben ser expulsados a sus naciones de origen. Entre otros aspectos, está prevista su expulsión inmediata en caso de que participen en actos de protesta considerados violentos mientras se encuentran en estos centros. El proyecto de ley facilita además a los jueces la expulsión de inmigrantes irregulares provenientes de países considerados seguros, así como de los ciudadanos europeos que hayan cometido algún delito en territorio italiano. También endurece las condiciones para que los familiares de extranjeros residentes en Italia puedan beneficiarse de los procesos de reagrupación familiar, así como de la llamada «protección especial» por motivos humanitarios.